Paulo Villalobos
Las autoridades decomisaron un total de 2,4 toneladas de cianuro y 1,4 kilogramos de mercurio en lo que va del 2019 en toda la zona alrededor de la finca Crucitas, sitio del fallido proyecto minero de Industrias Infinito.
Ambos productos, considerados de gran toxicidad, son utilizados en el procesamiento de oro en la finca Vivoyet y propiedades aledañas, en Cutris de San Carlos.
Este lunes, el Ministerio de Seguridad anunció el balance de las operaciones en Crucitas. Las incautaciones de los químicos se hicieron en cargamentos que provenían ilegalmente desde Nicaragua. El grueso de los decomisos se llevó a cabo en La Cruz de Guanacaste.
El Poder Ejecutivo emprendió las misiones Lapa II (entre marzo y junio) y Lapa III (de julio hasta la fecha), para controlar y mitigar la explotación de la minería ilegal en la zona. Realizaron patrullajes terrestres, abordajes a vehículos y personas que transitan por el lugar y controles de carretera.
En las operaciones detuvieron a 186 personas en flagrancia, mientras que 963 extranjeros en condición irregular fueron remitidos a la Dirección General de Migración y Extranjería.
Otros 11 menores de edad se remitieron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
También se destruyeron herramientas y materiales usados para la extracción ilegal de minerías, así como túneles, champas y campamentos improvisados.
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Operaciones de combate
Policía detectó a mediados de año una nueva modalidad, en la que los coligalleros se llevaban la tierra en bruto para extraerle el oro. (Ministerio de Seguridad)
En junio pasado, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, anunció la contratación de la Universidad Nacional (UNA), para actualizar un estudio sobre las concentraciones de mercurio en la región. Para ese momento, se tenía en pendientes los términos de referencia del informe de la casa de enseñanza.
La explotación de oro en Crucitas había sido dada en concesión a la empresa Industrias Infinito en la segunda administración de Óscar Arias. El expresidente incluso declaró de interés público el proyecto de la minera canadiense, parte de Infinito Gold.
El Tribunal Contencioso Administrativo invalidó la concesión en 2010 debido a irregularidades.
Con la salida de la compañía norteamericano, el terreno comenzó a ser ocupado por coligalleros que ingresaban a fincas de forma ilegal.
Un informe de Ambiente de 2018 apunta a que del lugar se había sacado el metal equivalente a $196 millones.
Durante las operaciones participaron Salud, la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Municipalidad de San Carlos, la Fuerza Pública y las policías de Fronteras, Profesional de Migración y de Tránsito.
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Paulo Villalobos
