Paulo Villalobos
La eventual derogatoria de la ley que libra a los vehículos eléctricos del Impuesto General de Ventas frenaría a quienes planean hacerse con uno.
Ese es el escenario que contempla Érick Orlich, presidente de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), luego de que trascendiera un criterio de la Dirección General de Tributación (DGT), que elimina de forma tácita las exenciones anteriores a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, siempre que no estén incluidas en su artículo 8.
“En este momento, obviamente, genera incertidumbre la noticia porque los números de las personas con las que hemos conversado sobre comprar carro pues es sin ese impuesto del 13%. Al poner ese 13% pues les aumentaría mucho el costo de los vehículos y podría ser que dejen de comprarlos. Esto debe quedar resuelto para que la gente pueda seguir adelante, adquiriendo un carro y dejando de contaminar”, indicó el vocero.
Orlich reconoció que la eventual derogatoria “quitaría impulso” a los compradores aunque -recordó- todavía estaría vigente otro beneficio: la exención total del 30% del Impuesto Selectivo de Consumo para los autos eléctricos con más de cinco años de antigüedad.
El presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica recalcó que la derogatoria daría al traste con lo propuesto por el gobierno de Carlos Alvarado en el Plan Nacional de Descarbonización. “El país está tomando impulso en este campo, nos estamos convirtiendo en líderes y lo que se quiere es mantener ese incentivo”, destacó.
Actualmente, la opinión técnica de la oficina del Ministerio de Hacienda está en estudio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa entidad será la que decida el futuro de la exoneración de los vehículos eléctricos, los incentivos al sector turístico, entre otra cantidad hasta ahora desconocida que se encuentran contenidas en leyes específicas.
Paulo Villalobos
