Exasistente de Canciller salvadoreño condenada por adopción ilegal de bebé tico

Claudia Esperanza Aguilar Garza, exasistente del antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador (2014-2018), Hugo Martínez, fue condenada a tres años de trabajos comunitarios por adoptar de forma ilegal de un bebé de nacionalidad costarricense.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador la encontró culpable por los delitos de suplantación, alteración del estado familiar y falsedad ideológica, informaron medios salvadoreños como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

El caso, reportado por varios medios del país vecino, data del 2016 cuando, según las investigaciones judiciales cuzcatlecas, Aguilar Garza y su esposo, Nils Sjard Schultz, de nacionalidad alemana, contactaron a una mujer costarricense que estaba embarazada y quería dar a su bebé en adopción.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República de ese país, Aguilar y Sjard utilizaron una plataforma ilegal de adopciones de bebés para convencer a la joven tica, de apellidos Induni Guerrero, de viajar hasta El Salvador para que el parto fuera atendido allá.

El contacto surgió luego de que la pareja de la tica, en ese entonces de 21 años, pusiera un anuncio de adopción en Internet.

El Ministerio Público salvadoreño afirmó que Aguilar Garza se valió de su posición como funcionaria pública para lograr que la costarricense fuera hasta El Salvador, con una carta falsa que aseguraba que la futura madre había ganado una beca. Esto como mampara para que la tica pudiera salir del país sin levantar las sospechas de su madre, con quien vivía.

Una vez en territorio cuzcatleco, Sjard la llevó a una clínica privada donde la hizo pasar por su esposa, con el fin de alterar la identidad del recién nacido.

Después del nacimiento del bebé, la madre regresó a Costa Rica en setiembre del 2017 y confesó a sus familiares que había dejado a su bebé en El Salvador y que no era posible recuperarlo por el cargo que ostentaba la funcionaria diplomática.

Sin embargo, la madre de Induni hizo caso omiso de las advertencias de su hija e interpuso una denuncia en la Embajada de El Salvador en Costa Rica, dando inicio a las pesquisas.

Al enterarse de las investigaciones, Aguilar le solicitó a Induni que le pidiera a su madre que retirara la denuncia.

A pesar de esto, la abuela viajó hasta tierras salvadoreñas para intentar recuperar al bebé. Al llegar, se encontró con una serie de obstáculos para su ingreso, impulsados por Aguilar, quien utilizó su posición para impedir el ingreso de la tica.

De acuerdo con el artículo 55 del código penal salvadoreño:
“Esta pena obliga al condenado a prestar jornadas semanales de trabajo comprenden períodos entre ocho y dieciséis horas semanales en los lugares y horarios que determine el Juez de Vigilancia correspondiente”.

Según las informaciones publicadas en El Salvador, la abuela del menor nacido en agosto de 2016, fue quien habría obtenido la custodia mientras en Costa Rica también se seguía una investigación del caso que involucraba a a los padres biológicos.