Paulo Villalobos
La fiscala general Emilia Navas señaló que no se manejan evidencias, de que algún funcionario de Casa Presidencial borrara información en aparatos electrónicos decomisados por la investigación contra la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Tampoco se tiene registro de que si quiera hubiese algún intento de eliminación. Aunque ahora será necesario levantar una diligencia para determinar con certeza si se llevó alguna maniobra con ese fin.
El proceso deberá hacerse con cada uno de los teléfonos celulares y las computadoras que el Ministerio Público incautó en los 10 allanamientos del viernes y sábado anterior, en la sede del Poder Ejecutivo en Zapote, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), y las viviendas de cuatro asesores del mandatario.
Dentro de los artículos decomisados figuran el teléfono personal y de trabajo, así como la computadora portátil, del presidente Carlos Alvarado. Igual con el celular del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
En esos dos casos, el órgano acusador llevará a cabo una copia “bit a bit” de los aparatos, antes de devolverlos a las partes, de acuerdo con el fiscal de la Unidad Especializada, Juan Pablo Miranda.
Para esas diligencias deberá estar presente Navas, en compañía de especialistas en informática del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y representantes de la Sala de Casación Penal.
La información que de los dispositivos se extraiga solo será de conocimiento de la fiscala general, los jueces, los imputados y sus representantes legales.
Tanto Navas como Miranda enfatizaron en que de haber elementos de prueba de otros posibles delitos en los celulares de Alvarado o Morales, se abrirá una nueva pesquisa. De lo contrario, la información se descartará y se excluirá de la causa contra el mandatario.
Los funcionarios garantizaron que los datos contenidos en los dispositivos no se filtrarán ni se pondrán en riesgo; de lo contrario se investigará a las partes.
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32 horas de operativos
Un total de 45 agentes del OIJ ingresaron, bajo la dirección de Navas en compañía de cinco magistrados de la Sala Tercera, a la Casa Presidencial a las 8:00 a.m. del viernes. Allí recabaron prueba contenida en el despacho de Alvarado, el ministro Morales y el viceministro Soto.
También ingresaron a las oficinas de la jefa del equipo del presidente, Felly Salas (a quien le respondía la Unidad), el asesor legal Luis Salazar (quien renunció el jueves), y los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos; así como a las casas de habitación de las últimas cuatro personas.
Todos ellos son investigados por los delitos de violación de datos personales. A los tres primeros además se le investiga por prevaricato, y a los restantes por abuso de autoridad.
Las diligencias acabaron a eso de las 4:00 p.m. del sábado.
Ante las consultas de la prensa, motivadas por las críticas lanzadas desde la Asamblea Legislativa por la tardanza en la realización de los operativos, la jefa del órgano acusador explicó que era necesaria para justificar el ingreso a la Casa Presidencial.
Navas mencionó que la pesquisa penal se abrió el lunes, y que ese mismo día se comenzó a redactar una solicitud de allanamiento, la cual se entregó el jueves a las 7:30 p.m. A las 3:00 a.m. del viernes, los magistrados de Casación Penal dieron el aval.
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Epicentro de los cuestionamientos
El Ministerio de Planificación tiene un rol fundamental en la creación de la UPAD por motivos técnicos y políticos. Por ley debe autorizar la creación, modificación o eliminación de unidades en el sector público.
Con ese objetivo, en julio del 2019, el Ministerio de la Presidencia, entonces a cargo de Rodolfo Piza, presentó el proyecto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia), la cual fue rechazada por sus inconsistencias.
Eso no fue impedimento para que el Gobierno constituyera, vía decreto, la oficina de datos tres meses después.
En el documento de creación se incluyó una falsa autorización de Ministerio, lo cual no evitó que el viceministro Daniel Soto firmara la propuesta.
Sin embargo, los asesores presidenciales tenían hasta año y ocho meses de estar recopilando información.
El 14 de octubre de 2019, el mandatario, el ministro Morales y el viceministro Soto firmaron el decreto que constituía la Unidad Presidencial, con acceso a datos confidenciales.
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Paulo Villalobos
