Paulo Villalobos
La fiscala general Emilia Navas dirigió este martes un allanamiento en el Centro de Datos de Internet del Instituto Costarricense de Electricidad, en El Guarco de Cartago, en busca de pruebas para su investigación contra la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El operativo lo confirmó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, en el que no se detalla la hora en el que este inició
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La ubicación blanco de las diligencias tiene una dimensión de 2.200 metros cuadrados para área de cómputo y de soporte de servicios.
El lugar suporta 72 horas sin suministro de combustible y está equipado con 200 cámaras de vigilancia. El centro tuvo un costo de $70 millones y está diseñado para el hospedaje de datos e interconectividad al Gobierno de la República, sector privado y operadores.
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Por su parte, el Instituto de Electricidad indicó en una nota de prensa que facilitaron las condiciones para la diligencia y descartó que estas afectaran el funcionamiento de los servicios ofrecidos a sus clientes.
Los allanamientos se dan 12 días después de que Navas dirigiera 10 operativos en la Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en San José, así como cuatro viviendas de asesores del mandatario Carlos Alvarado.
Ahí el órgano acusador le decomisó al gobernante su celular y su computadora personal, al igual que a su entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
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Misma situación se presentó con el ahora ex viceministro de Planificación, Daniel Soto, la ex jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas, el ex asesor legal Luis Salazar y los ex asesores Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
Todos ellos figuran como sospechosos del supuesto delito de violación de datos personales por la creación de la Unidad Presidencial mediante un decreto firmado el 14 de octubre de 2019, publicado el 17 de febrero de 2020 y derogado 5 días más tarde.
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Dicho texto daba a la oficina acceso a datos confidenciales de la ciudadanía. El fin de esta era compilar información para la elaboración de políticas públicas.
Los tres primeros son investigados por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) y abuso de autoridad.
Nota del periodista: esta publicación fue actualizada a las 4:06 p.m. con la reacción del Instituto Costarricense de Electricidad.
Paulo Villalobos
