Tomás Gómez
En el octavo día del escándalo por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) el Ministerio Público procedió a recolectar pruebas en la sede del Poder Ejecutivo.
Las diligencias arrancaron a las 8am y son dirigidas por la Fiscal General, Emilia Navas.
La operación incluye 10 allanamientos relacionados con una investigación que se tramita por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
La intervención de la Fiscalía era demandada por diputados, expertos y el propio Gobierno desde el fin de semana.
Hasta el jueves, el ente acusador ya manejaba tres denuncias penales contra la creación de la UPAD por delitos como prevaricato e incumplimiento de deberes.
En las denuncias se señaló a los firmantes del decreto de creación de la Unidad: el presiente Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
Además de los poderes que el Gobierno se autoasignó con el decreto, se ha cuestionado también el manejo de datos y la poseción de información en las computadoras personales de los funcionarios de Casa Presidencial.
Jornadas de dudas
El trabajo que Zapote ha hecho con datos generó polémica desde que se conoció el documento legal de creación, donde se autorizaba al acceso se información confidencial sin límites.
Las dudas se incrementaron luego de que la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, admitió que empleados de la institución operaban en esas áreas desde hace año y medio.
Por esos hechos la Defensoría de los Habitantes arrancó una investigación técnica en la que también pidió la intervención de la Fiscalía.
Los diputados, por su parte, aprobaron la creación de una comisión investigadora y de un llamado para interpelar al ministro Morales.
Además, en los próximos días se discutirá una moción de censura contra el mismo jerarca.
