Tomás Gómez
Esta mañana, diversas instituciones del Poder Judicial advirtieron que el recorte presupuestario pretendido por el Poder Ejecutivo, no contempla las particularidades de las oficinas e incluso amenazaría la continuidad de sus servicios.
Así lo indicaron el Ministerio Público, el Organismo del Investigación (OIJ), la Defensa Pública y la propia Corte Plena, que finalmente votó por el rechazo del presupuesto.
Los jerarcas de las dependencias fueron enfáticos en que en otras ocasiones ya se han hecho traslados presupuestarios, pero que los recortes anunciados amenazan la propia continuidad de los servicios que ofrecen a la población.
“Nos están llevando al límite de decisiones tristes pero drásticas”, advirtió la fiscala General, Emilia Navas. La cabeza del Ministerio Público afirmó que la institución no podrá cumplir con todas las tareas asignadas y que se vería en la obligación de escoger a cuáles casos dar prioridad.
Navas adelantó que durante la semana se seguirá analizando la propuesta.
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El director del OIJ, Wálter Espinoza, expuso las conclusiones hechas por el Organismo sobre los posibles efectos de la baja de recursos.
Según Espinoza quienes elaboraron la propuesta de recorte no conocen del funcionamiento policial. Según el Director se verían en problemas para temas tan esenciales como el funcionamiento de los laboratorios e incluso de extradiciones (dado el recorte a viajes internacionales).
“Nos llevamos sorpresa que nos están recortando rubros que son determinantes”, sostuvo.
Finalmente se pronunció la directora de la Defensa Pública, Diana Montero, quien advirtió que la propuesta incluso toca pagos por agua, lo que complicaría hasta que los usuarios puedan lavarse las manos.
De acuerdo con Montero la política pretendida complica incluso el pago de sustituciones, por lo que aquellos defensores que enfermen o tengan que ir a aislamiento no podrían ser reemplazados, dejando sin apoyo a los ciudadanos que requieran sus servicios en los procesos penales, laborales o de pensiones.
Sí hay afectación
Tras recibir los informes y analizar el impacto del cambio presupuestario, la Corte Plena estableció que se trata de un proyecto que afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
“Esto es un caldo de cultivo para una situación de riesgo país. Nos están dejando en una situación de parálisis. Es muy peligroso lo que está pasando”, planteó la magistrada de la Sala II, Julia Varela.
De acuerdo con la Constitución Política el criterio decidido por la cúpula judicial fuerza a que la Asamblea Legislativa deba alcanzar un mínimo de 38 votos para aprobar el presupuesto.
