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Fiscalía tomó computadoras y teléfonos de asesores presidenciales de datos, según abogado defensor

Información en desarrollo. Mientras continúa el allanamiento en Casa Presidencial, el abogado Christian Arguedas, defensor del asesor presidencial Diego Fernández,…

Por Tomás Gómez

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Fiscalía tomó computadoras y teléfonos de asesores presidenciales de datos, según abogado defensor
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Mientras continúa el allanamiento en Casa Presidencial, el abogado Christian Arguedas, defensor del asesor presidencial Diego Fernández, confirmó que el Ministerio Público le decomisó la computadora y el celular a su cliente.

“En la orden de allanamiento, como es usual, hay una lista de lo que el Ministerio Público, ordenado por la Sala III, considera que es importante para su investigación”, dijo el jurista.

“Hay una tesis del Ministerio Público que lo que dice es que se hizo un decreto en contra de la legalidad y lo que se está impugnando en el caso de los miembros de los supremos poderes un delito de prevaricato y en el resto de los casos de un delito de violación de datos personales”, agregó.

Arguedas se apersonó a las afueras de Casa Presidencial, donde aseguró que permanecen los investigados por el caso.

Christian Arguedas se presentó como abogado de Diego Fernández, una de las caras más visibles de la UPAD (Tomás Gómez /El Observador)

Desde las 8 de la mañana la Fiscalía encabezó 10 allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación. No obstante, todavía no ha trascendido de cuáles se tratan.

En el expediente se investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y los amplios poderes que esta le dio a los funcionarios de Zapote incluso sobre datos confidenciales.

Según el Ministerio Público se investiga al mandatario Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.

Además se incluyen los asesores de datos Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, así como al asesor jurídico Luis Salazar – redactor del decreto junto a Fernández – y la jefa de despacho presidencial, Felly Salas.

Las diligencias son encabezadas por un grupo destacado del Poder Judicial (Tomás Gómez /El Observador)