Paulo Villalobos
El Ministerio Público abrió una investigación por un presunto soborno transnacional, que se habría dado en la adjudicación de las mejoras a la carretera que conecta a San José con Heredia y Alajuela, la ruta 3.
Las obras estuvieron a cargo de la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dicha compañía es blanco de una pesquisa de la Policía de Andorra en el país ibérico.
Se le investiga por aparentemente confabular para hacerse con contratos que suman $487 millones, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Así lo reveló el diario español El País, el 14 de junio del 2019.
La investigación periodística motivó que la fiscala General Emilia Navas, ordenara a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) analizar la apertura de una investigación.
Finalmente esa oficina del órgano acusador inició una causa penal el 15 de julio del 2019. Se tramita bajo el expediente 19-000166-1218-PE.
¿Qué se investiga?
En el proceso se indaga un supuesto soborno transnacional. Este es un delito contenido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, cuyo artículo 55 prevé entre 4 y 12 años de prisión.
De acuerdo con la publicación de El País de España, la Policía de Andorra investiga si FCC ocultó un esquema de sobornos cuando firmó con el abogado Mauricio Cort, español con nacionalidad panameña. Gracias a las gestiones del sujeto, la empresa consiguió obras en los cuatro países. En el caso costarricense, se encargó de mejoras en la ruta 3.
Para ganar el contrato en Costa Rica según el medio español FCC ofertó el precio más bajo en el 2009. Como informó El País, Cort fue condenado en el 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión, por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.
En el caso de FCC, Cort habría movido dineros con cuentas en la banca de Andorra.
La Ley costarricense condena tanto a quien ofrezca, prometa u otorgue directamente una dádiva o retribución, como a quien la acepte. El Código Penal establece que los delitos internacionales serán sancionados conforme a la ley costarricense.
Esto de forma independiente a las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho o la nacionalidad del autor, es decir indistintamente de lo que procedan a hacer las autoridades de Andorra.
Por ahora el caso es manejado por el Ministerio Público contra ignorado. Eso quiere decir que de momento no hay imputados individualizados.
La investigación permanece en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que es privada para terceros.
Por eso el Ministerio Público no respondió a El Observador si tramitó alguna solicitud de información a la Policía de Andorra. El 17 de julio pasado, Emilia Navas reconoció la necesidad de que la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) participe en la pesquisa.
Paulo Villalobos
