Paula Ruiz
Este jueves, el Poder Ejecutivo anunció el Fondo Nacional de Avales y Garantías que permitirá el otorgamiento de crédito y salvar a empresas golpeadas por la pandemia.
El capital proviene de un préstamo por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según informó Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico.
La jerarca detalló que el empréstito fue aprobado por el Banco la semana pasada y requiere la aprobación legislativa, junto con un proyecto de ley de fondo de avales. Cuando el Congreso realice el visto bueno, comenzará su funcionamiento.
Los recursos del fondo se transformarían en avales, o garantías, a las que podrían recurrir bancos y otras entidades financieras, para ayudar a sus clientes. La idea es otorgar con mayor facilidad financiamientos para capital de trabajo y readecuación de las deudas de las empresas y los hogares afectados por la crisis que provocó el COVID-19.
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Según Garrido serán prioridad las empresas del sector turismo, comercio y transporte, afectados por la emergencia nacional.
“La idea es otorgar para mejorar el acceso a crédito bancario para para capital de trabajo y readecuación de deuda”, explicó la Ministra.
Los beneficiarios deberán comprometerse a garantizar el nivel de empleo existente, o bien recuperar la cantidad de trabajadores que tenían antes de la pandemia, en el menor plazo posible.
Gobierno promete cubrir 18 mil empresas
El Plenario deberá aprobar el proyecto de préstamo por $300 millones con BCIE y el de Fondo de Avales (Asamblea Legislativa)
La titular de Planificación informó que se podría atender a unas 18.000 empresas.
“Suponiendo que las actividades productivas tengan una pérdida esperada del 10% por efecto de la pandemia, con $300 millones se podrían avalar $3.000 millones en créditos; y con ello atender en promedio unas 18.000 empresas”, explicó.
Datos revelados por Casa Presidencial indican que el saldo promedio de un crédito productivo oscila hasta los ¢98 millones.
Los recursos del fondo de avales estarán disponibles en los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Allí se podrán gestionar las operaciones financieras con condiciones especiales de tasas de interés y plazos.
Al ser un fideicomiso, habrá un consejo rector que determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficiarán.
“La propuesta es que el fondo emita todos los avales y garantías en un espacio de 12 meses. Todas las instituciones financieras supervisadas por la SUGEF, estarán habilitadas para solicitar los avales o garantías del fondo, en representación de las mipymes y empresas en general”, dijo Presidencia.
Un grupo de legisladores que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios estimó que este proyecto de ley debe ser tramitado con urgencia, y para ello requiere ser convocado a las sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo.
