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Fracasa plan de Nueva República para trasladar parte del FEES a asociaciones de desarrollo

Tras varias horas de negociación y presetación de mociones, los diputados comenzaron a discutir esta tarde el nuevo presupuesto con…

Por Tomás Gómez

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Fracasa plan de Nueva República para trasladar parte del FEES a asociaciones de desarrollo
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Tras varias horas de negociación y presetación de mociones, los diputados comenzaron a discutir esta tarde el nuevo presupuesto con que se pretende cerrar el año.

El debate arrancó con polémica pues como primer punto se vio un posible traslado de ¢5.672 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a 101 asociaciones de desarrollo local.

Aunque la propuesta tenía el apoyo de 12 diputados en total, solo los pertenecientes al bloque independiente Nueva República hablaron a su favor en el Plenario.

Además de los 5 integrantes del bloque, aparecían como firmantes los socialcristianos Pedro Muñoz y Oscar Cascante, el liberacionista Daniel Ulate, los integracionistas Walter Muñoz y Patricia Villegas, así como el republicano Otto Roberto Vargas y el independiente Erick Rodríguez.

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El legislador Harllan Hoepelman indicó que la labor de los grupos es “importante” mientras que su compañero Jonathan Prendas alegó que las universidades cuentan con importantes reservas para inversiones, por lo que el recorte no tendría por qué afectarles.

“Solo se están proponiendo ¢5.000 millones para unas instituciones que se están quedando sin nada”, agregó Prendas sin convencer al Plenario, donde finalmente la votación quedó 16 a 32, dejando sin efectos la propuesta.

Esta fue la moción rechazada y que junto con otras 20 busca cambios de última hora al proyecto de presupuesto extraordinario (AL)

Proyecto que sonaba ilegal

En respuesta a los proponentes otros diputados mostraron su oposición a la moción a la que le ubicaron incluso matices incontitucionales.

El frenteamplista José María Villalta recordó que el presupuesto destinado a las universidades estatales responde a negociaciones entre los entes académicos y el Poder Ejecutivo y que hacer cambios de manera unilateral por parte de los diputados violaría la Constitución Política.

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Como ejemplo recordó un recorte de 10.000 millones implementado dos años atrás por la misma vía y que ahora está a la espera de un pronunciamiento por parte de la Sala IV ante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) ya consideró inconstitucional la acción.

“No podemos aprobar por buenas intenciones. Esto está plagado de las mejores intenciones y reconocemos esa importancia pero nuestro trabajo es serio y como legisladores tenemos que acatar el ordenamiento jurídico”, agregó por su parte la indepediente Zoila Volio.

El diputado José María Villalta dijo que el plan hubiera atentado contra la institucionalidad de las negocianes desarrolladas entre el Estado y sus universidades (AL)