Tomás Gómez
El Gobierno reconoce que para poder seguir invirtiendo en obra pública a partir del próximo año se topará con un freno que le impone la regla fiscal.
Sin embargo, desde Zapote se afirma que pese a esa situación por ahora no impulsarán un cambio a la regla fiscal y que el Gobierno sí quiere cumplirla, según dijo el ministro de la presidencia Victor Morales con insistencia.
Los topes al gasto público impuestos por el plan fiscal que se aprobó el 4 de diciembre del 2018 están cerca de alcanzarse por el alto nivel de endeudamiento del país.
De acuerdo con la regla fiscal, según los porcentajes de endeudamiento las erogaciones corrientes deben irse moderando y cuando lleguen al 60%, las restricciones deben extenderse a los gastos de capital, lo que abarca a la infraestructura.
Ese porcentaje estaría por alcanzarse el próximo año de acuerdo con las cifras fiscales anunciadas esta semana por el Ministerio de Hacienda.
“En eso somos conscientes”, dijo Morales.
Tomando en cuenta que las obras públicas han sido uno de los puntos a los que la administración de Carlos Alvarado más ha apostado, el jerarca sostuvo que se intentaría no afectar el plan de gastos en esa línea.
“Nosotros no queremos renunciar a impulsar el desarrollo del país y la obra pública es sin duda alguna fundamental en eso”, defendió el jerarca.
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Ejecutivo niega reformas
El fundador de Acción Ciudadana (PAC) y representante del Gobierno, Ottón Solís, comentó el jueves a El Observador que había planteado al presidente Carlos Alvarado y a los Ministerios de la Presidencia y Hacienda la posibilidad de una reforma al plan fiscal para levantar las restricciones de gasto.
Solís aseguro que los funcionarios le habían dicho que analizarían el planteamiento.
“Las ideas de don Ottón se escuchan, se atienden, son muy importantes”, dijo Morales, quien tomó distancia de las afirmaciones indicando que no están en la agenda presidencial.
Fuentes de este medio aseguraron que emisarios del Gobierno sí les habían consultado el plan e incluso abarcaron la posibilidad de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 16%.
Ante eso, el ministro Morales adujo que “el Gobierno solo quiero cumplir la ley fiscal”.
“No queremos en este momento generar una idea de que estamos con ánimos de no cumplir la ley fiscal”, comentó.
“Todas las reformas de ley que se quieran implementar serán anunciadas por la persona competente, en este caso el Ministro de Hacienda, pero en este momento no estamos en eso”, concluyó.
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La regla que cambió el juego
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto, PIB).
De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está «amarrado» al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
A más deuda, más estricta
En su artículo 11 la Ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
La regla fiscal impone mayores restricciones cuando la deuda del Gobierno supera ciertos niveles. Con un nivel de deuda baja, el gasto del Gobierno podría crecer 5,5% el próximo año, el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido el PIB en promedio durante los cuatro años anteriores.
El tope al gasto corriente sería más estricto, en cambio, si el nivel de deuda llega al 30% del PIB. En este caso, tendría que restringir el crecimiento del gasto a 4,7%, o un 85% del ritmo de la actividad económica.
Cuando la deuda alcance un nivel del 45% del PIB, el tope al gasto corriente sería de 4,1% en este ejemplo.
Al llegar a un nivel de deuda del 60%, la restricción se vuelve aún más severa: primero, porque el presupuesto solo podrá crecer un 60% del ritmo del PIB, es decir un 3,3%.
Sin embargo esta restricción ya no sería solo para el gasto en salarios y remuneraciones, sino que para el gasto total, con lo cual se limitaría también la inversión en infraestructura y otros gastos de capital.
Un nivel de deuda por encima del 60% implicaría además un caso extremo en el que entrarían otras “medidas extraordinarias”, según la ley, entre ellas:
- no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base de los empleados públicos, ni en los demás incentivos salariales
- las pensiones solo pueden aumentar para reflejar el costo de vida
- el Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, como fue el caso de Japdeva, ni otorgar subsidios salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa lo apruebe mediante una ley
- el Gobierno central no podrá acceder a préstamos, excepto que sean un paliativo para la deuda pública o que estén destinados a gastos de capital
Este último punto sería el caso que se alcanzaría si la deuda llegara a un nivel del 61% al final de diciembre del 2020, con lo cual todas estas medidas aplicarían para el presupuesto del 2022.
Colaboró la periodista Christine Jenkins.
