Tomás Gómez
Siete horas de reunión sirvieron para que las universidades estatales se ampararan – una vez más – en su autonomía, para definir la forma de invertir el dinero que les da el Gobierno, así como la aplicación final de las reglas fiscales.
Presidencia echó para atrás la decisión del Ministerio de Hacienda, criticada por las universidades públicas. Así, dependerá de las instituciones educativas la forma de categorizar sus inversiones. También acordaron que las negociaciones presupuestarias volverán a ser quinquenales y tendrán en cuenta a los estudiantes.
Desde hace más de una semana, las universidades iniciaron la batalla contra Hacienda. La cartera redireccionó ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), por medio de una transferencia de capital incluida en el proyecto de Presupuesto 2020.
La medida se conoció desde el 18 de julio, cuando el Consejo Nacional de Rectores (Conare) aceptó el FEES en la Comisión de Enlace del Fondo Especial. Sin embargo ahora alegan que hubo un error de interpretación de Hacienda.
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En la sesión de trabajo participaron el presidente Carlos Alvarado y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales, y Educación, Guiselle Cruz.
Estuvieron también los rectores y presidentes estudiantiles de las universidades de Costa Rica, Nacional, Técnica y Estatal a Distancia, así como el Instituto Tecnológico. Como testigos del acuerdo firmaron el diputado oficialista Enrique Sanchez y las liberacionistas Karine Niño y Paola Valladares.
El Poder Ejecutivo excluyó de la discusión a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
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En defensa del acuerdo
El término de autonomía universitaria fue recurrente durante la presentación del acuerdo.
“La autonomía universitaria es un valor de nuestro estado social de derecho”, justificó el Ministro Morales.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Andrea Chacón, reclamó que los estudiantes no fueron incluidos en lo negociación original, por lo que ahora tendrán su espacio.
La medida de Hacienda buscaba que las universidades estatales cumplieran la regla fiscal. Esto porque obligaba a que los ¢70.000 millones no se usaran en gasto corriente (salarios y más), sino en infraestructura.
Las autoridades universitarias, como el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto, admitió un enorme desfase en los gastos de las entidades. “O las universidades acaban con los privilegios o los privilegios acaban con la autonomía”, dijo ayer en el Congreso.
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Garantizar el funcionamiento
Para el próximo año, Conare decidió hacer una modificación del convenio de negociación para que los estudiantes participen.
No se crearán categorías del FEES distintas a las creadas por la administración de las universidades. Además se acordó reclasificar las partidas de gasto corriente.
El rector de la UCR, Henning Jensen, defendió que están evaluando la forma de sus gastos y la distribución salarial.
Morales también reivindicó que el movimiento estudiantil lucha por puntualizar dónde se pueden usar mejor los recursos, así como necesidades y debilidades a las cuales se le deben dirigir recursos.
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