Tomás Gómez
Aunque apenas han pasado 13 meses desde la traumática aprobación de la reforma fiscal el Gobierno ya tantea el terreno para suavizarla a su favor, mediante una modificación de la regla fiscal.
La intención es relajar el tope a los gastos de capital, es decir, en lo referente a infraestructura.
Así lo confirmó el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) y representante del Gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís.
Según el economista, el plan se le presentó al presidente Carlos Alvarado, al ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el jerarca de Hacienda, Rodrigo Chaves.
“La respuesta fue que lo vamos a ver y lo vamos a analizar”, sostuvo Solís.
Fuentes cercanas a El Observador confirmaron que diversos emisarios de Gobierno ya hacen cabildeo para conseguir los votos necesarios en el Congreso para que fructifique esta iniciativa.
Algunos mencionaron también que se valoraría un eventual incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 16%, por recomendación de organismos internacionales, pero esta versión no fue posible confirmarla.
A Ottón Solís se le consultó sobre una variación en el IVA y así respondió:
“Cuando era diputado sí, no se ha tocado con nadie desde que dejé de ser diputado, no es que hablé, es que presenté mociones para eso, hice cabildeo y traté de que fuera así”
– ¿Podría ser una opción ahorita?
-No sé, en aquel momento cuando solo estábamos pensando en impuestos y solo unos pensábamos entrarle a los pluses, es que yo creía que el impuesto tenía que ser mayor, ahora por lo menos se hizo algo en los pluses y está esa regla fiscal”.
Se trató de consultar la versión del ministro de la presidencia Morales y la ministra de comunicación, Nancy Marín, pero ninguno respondió las llamadas telefónicas que se les hicieron este jueves.
Oposición afila sus armas
Sin admitir si les habían presentado el plan o no, diversas voces de la oposición mostraron su indignación con la propuesta y adelantaron que el panorama sería complicado de llegar a Cuesta de Moras.
Según el líder verdiblanco Antonio Álvarez, el Gobierno debería estar más bien centrándose en el control de gastos con las herramientas introducidas precisamente por la Reforma Fiscal.
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“He tenido conocimiento que el Ejecutivo ha estado barajando la opción de modificar la reforma fiscal, me parece total y absolutamente inaceptable es una ofensa al pueblo de Costa Rica porque en el momento en que se aprobaron impuestos, se dijo claramente que a la par del estado se le iba a restringir el gasto y para eso se iba a poner la regla fiscal”, señaló.
El también verdiblanco y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, lo secundó indicando que “lo que se necesita es disciplina fiscal, recortar gastos superfluos, socarse la faja y hacer las cosas que hay que hacer bien”.
En la acera socialcristiana el co-jefe de fracción, Pedro Muñoz, fue tajante al señalar que de parte su grupo no habrá respaldo.
“Si saben contar, no cuenten conmigo”, ironizó.
También expresó su oposición el diputado independiente Jonathan Prendas, del bloque Nueva República.
“No estoy de acuerdo con la idea de Ottón Solís. Eso sería literalmente llevar a Costa Rica a un despeñadero y ser un reflejo de realidades como las de Venezuela”, dijo.
“El querer aumentar la posibilidad de gasto es un fiel reflejo de que ellos no han entendido y no se les puede seguir abriendo la puerta para que hagan y deshagan a su placer”, concluyó.
Freno “en seco” al gasto
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (PIB).
De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está «amarrado» al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
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En su artículo 11 la ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
Al sobrepasar la deuda el 60% del PIB, el freno que establece la ley es para todo el gasto, incluida la inversión en obra pública. Es por ello que la aplicación de la regla fiscal pone un freno a las intenciones del gobierno respecto al gasto de los años que restan a la Administración Alvarado.
Panorama complicado
La iniciativa del Poder Ejecutivo llega justo después de que el Ministerio de Hacienda presentara las cifras fiscales del 2019, según las cuales el déficit fiscal del país alcanzó 6,96% del PIB del año pasado, la cifra más alta registrada desde 1980, cuando alcanzó un 7,2%.
El porcentaje se alcanzó pese a la inyección de nuevos recursos que trajo la reforma fiscal.
Al respecto, el ministro Rodrigo Chaves señaló que sería prioritario mejorar los sistemas informáticos para cobrar más eficientemente.
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“Todavía no estoy preparado, como ministro de Hacienda, como funcionario del presidente, para que propongamos nuevos impuestos, creo que hay mecanismos viables que tienen sentido económico para continuar fortaleciendo las finanzas públicas del país, reducir evasión y elusión, gastar mejor”, consideró.
Entre las medidas que mencionó que se deben considerar antes están mejorar los sistemas de compras públicas, así como reducir lo que se deja de cobrar por exenciones actualmente, llamado el gasto tributario.
“El gasto tributario, eso no es aumentar impuestos, es eliminar exenciones que existen, pero sobretodo me parece que ir a pedir mas impuestos cuando no estamos cobrando tan eficientemente como deberíamos, por razones legítimas pero que hay que mejorar, es prematuro”, agregó.
Nota hecha en colaboración con los periodistas Paula Ruiz, Juan Pablo Arias y Christine Jenkins.
