Tomás Gómez
La fijación de un seguro para los ahorrantes amenaza con el ser el detalle de mayor complejidad política, en el proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El establecimiento del seguro de depósitos es uno de los requisitos impuestos por la Organización. Pero incluir en la regulación a los bancos públicos genera roncha.
Por un lado, Casa Presidencial insiste en que las instituciones financieras estatales ya tienen garantía total del Estado.
Por el otro, la ministra de Comercio Exterior y encargada de la admisión a la OCDE, Dyalá Jiménez, advirtió que ese modelo se quedaría corto. Jiménez tomó distancia y definió la postura como una decisión del presidente Carlos Alvarado y una asunto ideológico del Partido Acción Ciudadana (PAC), del cual ella no forma parte.
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El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, también protestó. Ante los diputados, el jerarca mencionó que todas las instituciones financieras deberían ser contempladas por la regulación.
“Lo que están esperando (en la OCDE) es un proyecto que incluya a todos los intermediaros financieros públicos y privados en el que tanto los bancos públicos y privados y las cooperativas contribuyan al fondo de garantías de depósito”, sostuvo Cubero en comparecencia este lunes.
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Banca pública eximida
Tras las declaraciones de Cubero, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, salió al paso para defender las tesis del Poder Ejecutivo. Según el también diputado, la normativa nacional ya protege a los ahorrantes de los bancos públicos locale. Esa será la postura que defenderá el país.
“Cualquier organismo puede tener una posición y los gobiernos también”, dijo Morales.
“Seguimos con nuestro deseo y propósito de sumarnos a la OCDE pero eso no implica renunciar a plantear nuestros puntos de vista”, concluyó.
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Contra el tiempo
Tres semanas atrás un grupo de diputados visitó la sede de la OCDE en París. Regresó alarmado por el rezago en la presentación del proyecto de ley en cuestión.
Su fecha límite para ser presentado era el 18 de octubre. Fue en ese momento cuando la administración de Carlos Alvarado presentó el borrador que diferenciaba a los bancos públicos.
Como respuesta, los diputados presentaron una iniciativa ampliada. Para cumplir con el cronograma, la versión final de la norma deberá estar aprobada en febrero.
El Ministro Morales se mostró optimista pese a las críticas y la concentración de la agenda legislativa en temas de presupuesto y elecciones municipales en las próximas semanas.
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