Paulo Villalobos
Un día después de que la Contraloría General de la República atribuyera al Ministerio de Hacienda una “incertidumbre en la razonabilidad del endeudamiento”, la cartera desacreditó la auditoría.
Hacienda defendió que la compilación de la información sobre la deuda pública cumple con los manuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ente contralor realizó una revisión del endeudamiento público y en su informe señaló diferencias en el cálculo por ¢440.603 millones. El análisis se hizo en el periodo hasta el 31 de diciembre de 2018.
La cifra se desprende de:
- ¢129.656 millones no reconocidos por la no aplicación de la base del devengo
- ¢120.659 millones por el no registro de endeudamientos de fideicomisos
- y ¢190.116 millones de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Según la Contraloría ese monto no registrado representa el 1,27% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hacienda aseguró que el informe de la Contraloría concilia las cifras reportadas por el sector público, contrastando esa información con otras fuentes, sin comprobar cuál de las cifras encontradas es correcta.
“Y sin ahondar en la definición de si debe o no incluirse como deuda, señalando la posibilidad de que lo reportado por la Dirección de Crédito Público sea lo correcto, e instando al acercamiento entre deudor (institución pública) y acreedor para conciliar las diferencias”, señaló el comunicado de prensa.
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Diferencia por deudas con CCSS
Sobre la deuda con la seguridad social, Hacienda recordó que el ente contralor ya tiene conocimiento de los esfuerzos entre las partes por conciliar. También se busca un convenio que respalde la deuda.
“Estas deudas están en proceso de verificación y conciliación conjunta, algunas están determinándose en procesos judiciales”, explicó la cartera en el documento.
“Consecuentemente, una vez que se determine la validez de las cifras cobradas se revelarán como pasivos; pero durante el proceso se revelan en las estadísticas como pasivos contingentes para el Gobierno”, añadió.
Otras diferencias que los involucrados tuvieron están relacionados con los créditos con proveedores y deudas municipales.
“Este Ministerio coindice con la Contraloría en la búsqueda de los mejores controles para mejorar la exactitud y veracidad de las cifras presentadas por las instituciones. Pero de ninguna forma esto puede ir en detrimento del debido proceso para validar las cifras, ni de las disposiciones necesarias a las instituciones respectivas como fuentes primarias de información”, indica el comunicado.
Las observaciones de la cartera se presentaron de forma oral, escrita y en un proceso recursivo, reveló Hacienda.
Rechazo a deudas con Fodesaf
El Ministerio de Hacienda también rechazó el endeudamiento de ¢965.790 millones con el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El monto equivale al cobro que hizo el Fondo por contribuciones estatales no efectuadas, entre 1986 y 2012.
La ministra Rocío Aguilar ya había expuesto en el oficio DM-1902-2018, que esas sumas “corresponden a ejercicios económicos ya fenecidos, no es posible desde un punto de vista jurídico presupuestario proceder con lo requerido”.
La Contraloría hizo en ese particular una alerta y pidió a la jerarca negociar una conciliación con Fodesaf.
Paulo Villalobos
