Marco Marín
“El transporte de estudiantes que sea contratado directamente por el padre de familia paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como cualquier otro servicio”.
Así de enfático fue Giovanni Tencio, subdirector de Tributación del Ministerio de Hacienda, ante una consulta de El Observador.
En el caso del transporte estudiantil privado, al no tener tarifas reguladas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el servicio sí está sujeto al cobro del 13%, explicó el funcionario.
De acuerdo con Tencio, en el artículo 8, de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, se establecen los servicios que están exentos, mientras que el artículo 9 señala las utilidades que no están sujetas al cobro.
“Están exentos los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permiso o concesión otorgada por el Estado y cuya tarifa sea regulada (…) cualquier que sea su naturaleza o medio de transporte utilizado”, según se desprende del inciso 24, del artículo 8 de esta ley.
Permisos y tarifas
Para Tencio, el servicio privado de estudiantes sí tiene un permiso otorgado por el Consejo de Transporte Público (CTP), sin embargo, “cada quien cobra según las circunstancias del mercado”.
En el caso que el transporte sea contratado por una Junta de Educación o directamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), Hacienda dará un periodo de transitoriedad, ya que son instituciones que trabajan con presupuestos.
Eso sí, a partir de próximo año, también deberán de cancelar el impuesto.
El vocero explicó que el nuevo impuesto no necesariamente se tiene que cobrar con base en el monto que los padres desembolsan actualmente, ya que, en el precio impuesto por los prestadores de transporte se incluyen costos que, con la nueva ley, se pueden rebajar.
“Todos los elementos que ellos han venido pagando desde antes -seguros, reparaciones y llantas, entre otras cosas- los metían en el costo final. Hoy día, los van a poder acreditar, esto significa que su costo contable, disminuye”, afirmó.
Tencio acepta que el tema no es “simple”. Por ejemplo, explica que no depende de su cartera decidir los servicios que se cobran.
“Estaríamos en un país anárquico, si el Ministerio de Hacienda decidiera cobrar o no cobrar. Es un tema de ley de la República. Solo la Asamblea Legislativa puede crear impuestos y exenciones”, finalizó.
Discrepancia
Por su lado, este miércoles, la Asociación Nacional de Transportistas de Costa Rica (Anatrans), convocó a sus afiliados para hacer una caravana de protesta que pase por el edificio central de Hacienda, en la Avenida Segunda, y llegue hasta la Casa Presidencial.
Si bien no es la única razón, Jesús Campos vocero del gremio, explicó que uno de las demandas que buscan plantear ante el gobierno es que no cobre el IVA en este servicio.
Para Campos, el sector de transporte de estudiantes está exonerado de acuerdo a lo que establece la Ley 9635.
“Es por un tema de interpretación de la ley, porque es clara: si usted tiene un permiso y es regulado por Aresep no tiene que pagar el IVA. La gente de hacienda no nos ha querido escuchar y lo ha interpretado a su manera”, afirmó a El Observador.
La caravana organizada por Anatrans saldrá, a las 9:00 a. m., de las inmediaciones de Repretel, en La Uruca. Esta asociación tiene cerca de 9.000 personas afiliadas.
Marco Marín
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