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Homologación salarial propuesta por el Ejecutivo enciende alarmas del sector productivo en medio de problemas económicos

La posibilidad de que el Gobierno aplique una homologación salarial podría encarecer los costos de producción en el país y…

Por Tomás Gómez

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Homologación salarial propuesta por el Ejecutivo enciende alarmas del sector productivo en medio de problemas económicos
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La posibilidad de que el Gobierno aplique una homologación salarial podría encarecer los costos de producción en el país y acentuar la crisis por la que atraviesan los sectores empresariales.

Así lo alertaron representantes de los sectores productivos.


Según explicó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), se trata de un incremento acordado por el Consejo Superior de Salarios la semana anterior y que podría ser ratificado este lunes.

“Sin el apoyo empresarial, pero con los votos sindicales y del gobierno en el Consejo Superior de Salarios, fue ratificada esa homologación la semana pasada, cuya entrada en vigencia, a partir de julio del 2020, sería muy grave”, advirtió el presidente interino de Uccaep, Álvaro Sáenz.

Enfatizó en que el esquema compuesto por el aumento anual del 2,54%, decretado el mes anterior, más la homologación, junto con el próximo incremento del aporte patronal al régimen del I.V.M. de la CCSS, elevarían los salarios mínimos muy por encima de la inflación.

De acuerdo con el sector empresarial es imprudente aprobar y ejecutar la homologación salarial en el 2020, además provocando un fuerte impacto a sectores productivos tales como agricultura, comercio, transporte, turismo y construcción.

“La racionalidad y la experiencia indican que un aumento del 1% o 2% salarial no ayudará a reducir la pobreza; esta bajará solo si se genera un crecimiento económico derivado de mejorar la competitividad y por lo tanto reducir el desempleo”, concluyó Sáenz.

La Unión de Cámaras alegó también que la decisión que tomó el Gobierno junto a representantes sindicales debe revertirse, pues en administraciones pasadas existía la anuencia por parte del Poder Ejecutivo o sus representantes a llamar a los sectores afectados, situación que ahora no ocurrió.