Huelga tambaleó la frágil economía del país y sembró incertidumbre

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Como cuando una persona tiene las defensas de su organismo bajas y la ataca un fuerte virus. Así sufrió la economía costarricense los embates de la huelga vivida entre setiembre y diciembre del 2018.

El movimiento de protestas contra el plan fiscal no solo alteró la prestación de servicios públicos, sino que golpeó economías familiares, la de casi todos los sectores productivos y del mismo erario público.

Representantes del gobierno y de la empresa privada reconocen que, si bien es prácticamente imposible llegar a una cuantificación precisa de las pérdidas ocasionadas por la huelga, su efecto en la ya debilitada economía del país es innegable.

Uno de los indicadores que mejor precisa el impacto de las protestas es el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) estimado mensualmente por el Banco Central. Esta medición permite llevar el pulso de la economía país, tal y como se hace con la presión arterial de un paciente.

A setiembre anterior el IMAE, presentó un crecimiento interanual de solo 2,5%, el cual es 0,3 puntos porcentuales inferior al crecimiento interanual del mes anterior (agosto) y 0,6 puntos porcentuales más bajo que el de setiembre de 2017 (3,1%), precisa el Banco Central en su reporte del mes de noviembre.

La huelga profundizó la desaceleración de la economía que ya venía sufriendo por la crisis política en Nicaragua, la cual afectó las exportaciones a ese país y el resto de Centroamérica, así como por la propia incertidumbre del mercado local al no encontrarse una solución al problema estructural de las finanzas públicas.  

 “Coyunturalmente, la actividad económica de setiembre mostró los efectos de las protestas de algunas organizaciones sindicales en oposición al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” detalla puntualmente el Banco Central.

De las 15 actividades monitoreadas por el Central, once sufrieron una baja significativa.

Los servicios de enseñanza y salud fueron de los más afectados. Presentaron una contracción de 3,4%, lo que significó una caída de 6,3 puntos porcentuales respecto a setiembre del 2017, “reflejo del impacto negativo del movimiento de huelga”, indica el análisis del Banco Central.

Respecto del impacto de la huelga en los ingresos tributarios, el Ministerio de Hacienda indicó que no ha hecho ningún análisis al respecto. Sin embargo, las autoridades están atentas a los reportes de los impuestos de fin de año, especialmente la declaración de renta.

Otro gasto que tampoco se ha cuantificado es el correspondiente a salarios pagados a funcionarios que se mantuvieron en huelga.

Solo en el Ministerio de Educación Pública (MEP) se estima que diariamente se destinan 3.000 millones de colones al pago de salarios. De acuerdo con el MEP el 52% de los centros educativos estuvo totalmente en huelga y en el otro 48% hubo algún grado de afectación.

Bofetada al turismo

Las protestas de los empleados públicos protagonizadas desde el 10 de setiembre con el cierre de calles como principal táctica, dañó particularmente a sectores como el turismo y el transporte.

Solo por dos cruceros que no pudieron atracar en Puntarenas, se dejaron de percibir unos 250.000 dólares, estima la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Shirley Calvo.

“La huelga afectó la empleabilidad. Al cancelarse reservas, la gente se quedó sin trabajo y sin las comisiones que usualmente reciben, pero además se afectó la credibilidad del país como destino turístico”, puntualiza Calvo.

Las cancelaciones de reservas y las dificultades para movilizar a los turistas por el país impactaron los ingresos de hoteles, transportistas y restaurantes.

Decenas de turistas quedaron atrapados en las protestas mientras intentaban desplazarse para conocer los atractivos naturales que ofrece el país verde. Otros, perdieron vuelos o llegaron tarde a sus destinos.

“Tuvimos el caso de un grupo de turistas que recogimos en Papagayo y venían para San José porque al día siguiente salían del país. El cierre de calles nos impidió sacarlos por Liberia y tuvimos que traerlos por calles vecinales y fincas. Tampoco lograron salir a Cañas y entonces se desviaron hacia La Fortuna, pero no lograron salir a San Ramón debido al cierre de vías. Debieron desviarse hasta Sarapiquí y de ahí tomar la ruta 32 para llegar a la capital. Un viaje de cuatro a cinco horas se prolongó por 12 horas. ¿Imagínese como llegaron esos turistas a la capital y cuanto aumentó esto los costos del traslado?”, narró Mario Andrés Ramírez presidente interino de la Asociación de Transportistas de Turismo que aglutina a 60 empresarios.

Esa organización estima pérdidas por 2 millones de dólares debido a la huelga.

Por fortuna, según Canatur, los efectos de la huelga se dieron en temporada baja y al parecer no impactará la época fuerte, pues ya las aerolíneas y hoteles reportan más de un 92% de reservas y ocupación.

Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, explicó que otro sector muy afectado fue el transporte. Los bloqueos en las calles provocaron bajas de hasta el 40% en la demanda de los autobuses debido a que muchas personas dejaron de asistir a sus centros de estudio y trabajo.

“Es decir, muchos costarricenses durante la huelga no fueron a trabajar, no recibieron un salario, están pagando cuentas viejas y eso se manifiesta en la dinámica de la económica del país”, puntualizó.

En su criterio, uno de los efectos más dañinos de la huelga que aún se perciben es la expectativa e incertidumbre de los ciudadanos sobre el futuro del país.

Esa condición quedó reflejada en el Índice de confianza de los consumidores (ICC) del mes de noviembre ubicado en 28,2 puntos (en una escala de 0 a 100). Este es el nivel más bajo desde 2002, cuando la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica empezó a divulgar los estudios.  “Esto supone un desplome de la confianza y un ambiente excepcionalmente negativo hacia el consumo”, reveló el estudio.

En un lapso de seis meses la confianza de los consumidores se deterioró en casi 17 puntos, pasó de 45 a 28,2 de mayo a noviembre, “por lo que puede afirmarse que actualmente los consumidores se sienten pesimistas en torno a lo que sucede con la economía nacional”, añade el estudio hecho antes de conocerse el voto favorable de la Sala Constitucional hacia el plan fiscal.

Por tal razón, insiste el presidente de Uccaep, aunque no existe una cuantificación de las pérdidas ocasionada por la huelga, cualquier dato sería mucho menor respecto de lo que el país está perdiendo.


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