Christine Jenkins Tanzi
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aclaró que aportará cursos para reducir el déficit fiscal, pero un monto 45% menor de lo que el Ministerio de Hacienda incluyó en el plan presentado esta mañana para mejorar las finanzas públicas.
Aunque el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves presentó un plan que incluía ¢25,8 mil millones de parte del ICT, en realidad el monto acordado es de ¢14 mil millones, por lo que el monto debe ser modificado vía moción en el proyecto de ley, según aclaró hoy el ICT.
El ICT no pudo usar este superávit ante leyes de la república que limitaron la posibilidad de incluirlo en sus presupuestos anuales, por lo que los compromisos no se verán afectados para este año ni el próximo.
Sin embargo, esto reduciría el monto de ¢226.145 millones del superávit de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y la Junta de Protección Social (JPS) que se usarían para pagar deuda pública.
Por su parte, otros ¢40.000 millones incluidos el monto total de parte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) también están en disputa.
De confirmarse estos dos ajustes, se reduciría el monto que se puede usar de los superavits en un 23% del proyecto presentado esta mañana a solo ¢174 mil millones.
“Debemos estar comprometidos con la reducción del déficit y este aporte del ICT para amortizar deuda por la cual pagamos intereses todos los costarricenses es una obligación de todas las instituciones apoyar los esfuerzos para sanear las finanzas públicas”, dijo María Amalia Revelo, ministra de Turismo. (Foto de archivo)
Viabilidad del plan
Las disputas se dan a pesar de que Chaves hoy comentó que las medidas se discutieron con todas las instituciones autónomas incluidas, y que son fondos que por ahora no se han comprometido y en el caso de Fonatel que han estado ociosas por mucho tiempo.
Hacienda cuenta con estos recursos del superávit como programa de consolidación fiscal para juntar $1,500 millones que destinaría a pagos de deuda del país entre el 2020 y el 2021.
Este pilar del programa incluye además vender el Banco Internacional De Costa Rica (Bicsa), concesionar o vender la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y otras fuentes de recursos estatales.
Bicsa por si solo se estima que podría venderse entre $240 millones a $300 millones, según un estudio contratado al banco de inversión JPMorgan por el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que son accionistas.
Dado que la función original de Bicsa -de servir para financiar las importaciones y exportaciones del país- no se está cumpliendo y que termina duplicando funciones con los otros bancos públicos, esta medida tendría sentido y podría recaudar un monto máximo de $330 millones, estimó el economista Gerardo Corrales.
Rechazo de Infocom
Por su parte, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) mostró su preocupación sobre la intención Ejecutivo de tomar ¢40.000 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para amortizar deuda.
“La naturaleza del Fondo no es la misma que la de superávits de instituciones públicas: esto no son recursos derivados de una operación superavitaria producto de la generación de ingresos propios, sino de una contribución parafiscal establecido en una ley especial”, explicó Vanessa Castro, presidenta de Infocom.
“No se trata de un superávit sino de un fondo cuyos recursos están resguardados en un fideicomiso que está pensado en atender necesidades para cubrir la brecha digital en el país”, señaló Castro.
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Otro obstáculo
Otro pilar del plan presentado este lunes incluye el uso de parte de las utilidades de empresas estatales para pagar deuda.
Sin embargo, el Banco de Costa Rica consideró que se requiere un evaluación de las cargas actuales de los bancos estatales que incluyen aportes al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
“El Banco se encuentra evaluando dicho requerimiento y considera que debe haber un solo dividendo para el Gobierno suficientemente significativo por año en función de sus utilidades, sustituyendo las cargas parafiscales y el impuesto de renta y que sea el Gobierno quien de acuerdo con sus necesidades prioritarias desde el punto de vista social y económico distribuya esos recursos”, consideró el BCR.
Christine Jenkins Tanzi
