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Iglesia Católica maneja lista de curas investigados, algunos por abuso sexual, pero no revela estado de todos los procesos

La Iglesia Católica de Costa Rica maneja internamente una lista de sacerdotes investigados por posibles ofensas y faltas, dentro de…

Por Manuel Sancho

Tiempo de Lectura: 6 minutos
Iglesia Católica maneja lista de curas investigados, algunos por abuso sexual, pero no revela estado de todos los procesos
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La Iglesia Católica de Costa Rica maneja internamente una lista de sacerdotes investigados por posibles ofensas y faltas, dentro de las cuales se incluyen denuncias por abuso sexual de menores de edad.

Sin embargo – en algunos casos – la jerarquía eclesiástica ni confirma ni niega cuántos y cuáles son por pederastia, ni menciona el estado de la investigación.

El Observador tiene copia de la lista, en la cual figuran los nombres de 40 personas. De esas, este medio confirmó que 12 son nombres de presbíteros investigados por presunto abuso sexual de menores y 1 más por presunto abuso sexual de persona mayor edad.

Pero podrían ser más, pues dos diócesis se negaron a confirmar. Este lunes 23 de setiembre, se publicará un segundo reportaje sobre los casos que tendrían relación con abuso sexual.


Esta es la lista de 40 nombres. La Iglesia confirmó que 13 son por presunto abuso sexual. Podrían ser mas. (Los apellidos y lugar – Cartago – en la primera fila en esta imagen, se transcribieron tal cual con letra no cursiva para mejorar la legibilidad.)


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“En el caso de estas listas que ustedes han obtenido de forma ilegítima y sin autorización, porque oficialmente no se han entregado a nadie, ya que son confidenciales; una buena parte de los nombres citados no son investigados por abuso sexual contra personas menores de edad, sino por causas de orden disciplinario interno de la Iglesia que el obispo debe resolver conforme al Derecho Canónico”, dijo Jeison Granados, vocero de la Curia Metropolitana, cuando se le preguntó por los 21 casos de los 40 que pertenecen a la Arquidióceisis de San José.

Agregó que “son casos de procesos disciplinarios de la Iglesia que se llevan adelante por diferentes situaciones que el Obispo debe resolver. El Tribunal Eclesiástico es soporte que auxilia a los Obispos en estos procesos cuando ellos así lo delegan”.

Desde el lunes 2 de setiembre, El Observador consultó a la Conferencia Episcopal – entidad que agrupa a los obispos del territorio costarricense y lidera la Iglesia – por el manejo de la lista y las investigaciones; pero no se recibió respuesta. La oficina de prensa señaló que para conocer cuántos procesos son y el estado de los mismos, se debe consultar cada Diócesis.

La mayoría de procesos están en la Arquidiócesis de San José y la Diócesis de Alajuela (ver gráfico más abajo). Pero esta última y la Diócesis de Cartago no se refirieron a los casos puntualmente consultados.

“Respecto a las preguntas planteadas me permito responder de forma general a sus cuestionantes, debido a que no queremos entorpecer ningún proceso investigativo. Con relación a los nombres tanto de demandados como demandantes por el bien de la investigación no brindamos ningún nombre. Si esa información fuera necesaria para algún proceso en el ámbito penal civil de nuestro país, se brindará la información necesaria a la autoridad judicial competente”, dijo José Francisco Arias, canciller diocesano de Cartago.

Organizaciones religiosas

Tres casos denunciados y que aparecen en la lista son de curas que están o han trabajado en el país y pertenecen a organizaciones religiosas globales.

Se trata de la Orden de los Carmelitas; la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos; y el Sodalicio de Vida Cristiana (ver detalle en lista arriba). El sacerdote de esta última organización, de apellido Garreaud, es quien El Observador pudo confirmar está denunciado por abuso.

El Sodalicio es una “sociedad de vida apostólica” fundada en Perú, que en los últimos cuatro años sufre una profunda crisis no solo por casos de abuso sexual de algunos de sus miembros, sino por “tormentos físicos y psicológicos, discriminación, manipulación y abuso de poder”, según reportó ABC en España. Las agresiones fueron encubiertas por las autoridades. En el 2018, el Vaticano anunció una intervención de la entidad.


Así se distribuyen los casos de sacerdotes investigados. De 40 nombres, la Iglesia confirmó que 13 son por abuso sexual. (Alonso Solano/El Observador)


El 19 de agosto pasado, el Semanario Universidad informó que la Iglesia Católica estudia unas 27 denuncias contra sacerdotes en San José y Alajuela por supuestos delitos sexuales, citando al juez del tribunal eclesiástico, Alfonso Molina. De esos cinco se enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano en Roma.

Antes de eso, el 26 de febrero del 2019, AmeliaRueda.com detalló que en los últimos 10 años, un total de 29 sacerdotes fueron denunciados por supuestos actos de abuso sexual. De esos, 10 fueron expulsados. El más reciente y sonado caso fue el de Mauricio Víquez, hoy detenido en México.

Crisis: denuncias, allanamientos y más víctimas

El jueves 7 de marzo de este año, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, allanaron el edificio de la Curia de San José en plena Catedral. Además ingresaron a la Conferencia Episcopal donde está el Tribunal Eclesiástico, el órgano legal de los funcionarios católicos.

Ministerio Público y OIJ actuaron para retraer documentos e información sobre dos casos que se siguen en la vía penal, contra los sacerdotes Mauricio Víquez Lizano y Manuel Antonio Guevara Fonseca. Ambos están en la lista de 40.

“No hay diferencia”, dijo el director del OIJ, Wálter Espinoza, sobre el respeto a los protocolos de cualquier allanamiento, el cual dejó una revisión “total y absoluta” según sus palabras esa semana hace seis meses.

Pocas horas después, un hombre llamado Manfred Barrantes se acercó al mismo punto, pues estaba llamado por el Tribunal Eclesiástico para interponer una denuncia contra Guevara Fonseca.

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Acusaciones y perdón

El Arzobispo de San José, José Rafael Quirós, es acusado de encubrir casos de abuso sexual en la Iglesia. (Facebook)

El propio arzobispo de San José, José Rafael Quirós, está denunciado a nivel canónico y penal por supuestamente encubrir los casos. En febrero, Antonio Arcari, representante del Vaticano en el país, dijo al diario La Nación que esa denuncia “necesita tiempo”.

Desde agosto del 2018, Maikol Rodríguez Solera y Anthony Venegas Abarca – dos de las presuntas víctimas de Mauricio Víquez – interpusieron la queja contra Quirós.

Alegaron que se comunicó a Quirós de los actos de abuso de Víquez en el 2003, cuando Venegas era monaguillo en una parroquia de Patarrá. La Iglesia suspendió a Víquez 15 años después. También se quejaron del actuar del anterior Arzobispo, Hugo Barrantes, señalado por encubrimiento.

Sendas investigaciones en el Ministerio Público y el escándalo internacional por la fuga y posterior detención de Mauricio Víquez en México, empujaron a los jerarcas de la Iglesia a variar su discurso y hasta pedir perdón.

Tras los allanamientos de marzo, la Conferencia Episcopal cuestionó al OIJ y la Fiscalía por los actos, asegurando que fueron “excesivos”. Un abogado incluso presentó un recurso de amparo por las diligencias judiciales, que no fue avalado por la Sala Constitucional.

El 15 de marzo y tras una semana de reunión, los obispos pidieron perdón por los abusos de algunos de sus miembros y la inacción de los jerarcas para evitar más delitos y sancionar a los responsables. Ya habían pedido perdón el 1 de marzo.

“Pedimos perdón por estos crímenes que han dañado gravemente a los más pequeños del rebaño del señor. Sin querer juzgar el pasado, admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas de los mismos y sus familias”, afirmó la cúpula católica en un comunicado de prensa.

“Hemos cobrado mayor conciencia del gravísimo problema que constituye el abuso sexual a los menores”, se leyó. Las personas que han denunciado a sacerdotes, como Anthony Venegas, siguen presionando para que se logren los castigos correctos en los tribunales.

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Colaboró la periodista Berlioth Herrera.