Tomás Gómez
Consultados por El Observador, en la Municipalidad de San José dijeron la semana anterior que las cuarterías eran una de sus principales preocupaciones en medio del disparo de casos de coronavirus en la capital.
Los temores se afianzaron el sábado por la noche cuando el huésped de uno de estos centros debió ser trasladado en estado de shock al Hospital San Juan de Dios donde falleció en cuestión de minutos.
Las condiciones de hacinamiento y falta de limpieza de estos lugares propician los contagios y conforme se han detectado pacientes se han establecido medidas de control para testear al resto de habitantes de cada centro y prevenir su salida.
Empero, clausurar los locales o regular su interior es casi imposible para las autoridades.
Margen escaso
El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, explica que en otros momentos se desarrollaban operativos para identificar huéspedes con problemas judiciales, prevenir servicios sexuales y ubicar menores en vulnerabilidad, procedimientos que se han ido frenando.
“Dificilmente tenemos las herramientas para la clausura o para el cierre de estas edificaciones porque en muchas ocasiones operan al margen sin licencias comerciales”, indicó.
Según su criterio los problemas en cuestión abarcan dos vías:
- Sala Constitucional: Se consideró el alquiler de los espacios como un arrendamiento, lo que implica que las intervenciones policiales requerirán de orden judicial o autorización expresa del arrendador. “En algunos casos en los que que proceda la clasura de la cuartería esa clausura es únicamente para los cuartos que están desocupados porque todos aquellos que tengan personas habitando se consideran habitaciones privadas”, dijo.
- Entes sociales: Las instituciones de ayuda social impiden las clausuras sin abordaje integral de manera que asegure una relocalización de los habitantes.
Un “techo peligroso”
Según la explicación policial existe una oferta de pensiones donde se alquilan cuartos y espacios compartidos y que cuentan con supervisión de las autoridades pero el negocio se ha marginalizado hacia la renta de espacios con muchas menos condiciones.
Se trata de edificios abandonados o espacios anexos a locales comerciales donde las personas llegan a pagar ¢ 1.000 para pasar la noche en una espuma en salones compartidos hasta por 70 personas.
El mapeo policial ha identificado que muchas de las personas no llegan a tener un espacio fijo sino que alternan entre la vida de calle y el pago de la cuartería cuando las posibilidades lo permiten.
