Manuel Sancho
Ante críticas y ataques de la oposición y el sector construcción, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) suspendió la entrada en vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU), proceso de cambio surgido desde el 2017.
La normativa pretende regular la segmentación de propiedades y obtención de visados. Pero cambia las reglas a la división de lotes y encarece los procesos para obtener los visados. Entes como el Colegio de Topógrafos han alertado que el reglamento daría más ingresos al INVU, a costas de los usuarios.
El reglamento debía entrar a regir en marzo, pero ahora será incierto. La junta directiva del Instituto analizará el tema y definirá un nuevo plazo en su sesión de este jueves.
El nuevo reglamento recibió cuestionamientos del Colegio de Topógafos y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) entre otras organizaciones. Este último ha señalado que la regulación nueva es muy restrictiva.
Una de las objeciones es que los dueños de lotes mayores a 90 metros cuadrados en zonas no urbanizadas tendrían que ceder un 10% de los terrenos a las municipalidades a la hora de realizarse la segregación. Además tuvo críticas por el supuesto aumento en trámites y sus costos.
ARTÍCULO 21 del borrador de Reglamento – Cesión de áreas públicas en fraccionamientos con fines urbanísticos
Todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ceder gratuitamente para uso público el 10% del área total del predio a fraccionar, siempre que esta sea igual o mayor a 90,00 m². Dicha área se debe destinar a juegos infantiles, parques y facilidades comunales, en este orden de prioridad.
Cuando el 10% del área a ceder dé como resultado entre 90,00 m² y 250,00 m² la cesión puede darse en el sitio, o bien la municipalidad está facultada a solicitar al fraccionador la cesión del área en otro predio que ésta determine de acuerdo a sus necesidades. En caso que el área a ceder sea mayor a 250,00 m² la cesión de área debe darse en el sitio
En noviembre del 2019, el INVU señaló que este es el tercer reglamento, en un período de dos años y medio, para intentar mejorar la deficiente planificación urbana en Costa Rica.
“En junio de 2017, de manera inédita, se editó el Reglamento de Renovación Urbana, el cual ya cuenta con dos proyectos, uno en ejecución en el cantón central de Puntarenas y el otro desarrollo en el cantón central de Limón, así como en el 2018, después de 36 años, se actualizó el Reglamento de Construcción, este es ampliamente utilizado de manera exitosa por los profesionales de dicho sector”, justificó el Instituto para avanzar en el actual proceso.
Según el INVU, el RFU es importante pues tiene jurisdicción en las municipalidades que no cuentan con un plan regulador (alrededor del 50%) y en aquellas que sí tienen plan regulador pero no cuentan con el reglamento específico de fraccionamiento y urbanización.
El presidente Tomás Martínez dijo que va a permitir a todos los municipios realizar una gestión mucho más efectiva del territorio y se actualiza una herramienta con casi 40 años sin cambios. El propio CFIA ha admitido que la antigüedad de la norma ha permitido excesos y desórdenes en el desarrollo urbano.
Esta es la versión más reciente del Reglamento.
Polémica añeja
Ya en el 2015 en la administración de Luis Guillermo Solís, el mismo Reglamento pero en otra versión generó la oposición del sector privado. Recibió cuestionamientos por el poco tiempo de consulta e incluso el entonces ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, admitió que faltó diálogo.
La en aquel momento presidenta del INVU, Sonia Montero, defendió la necesidad del reglamento para reorganizar las construcciones y defender el planeta Tierra.
Manuel Sancho
