Tomás Gómez
Pese a que hay cantones que llevan casi cuarenta años con un plan regulador, más de la mitad de los 81 ayuntamientos en funciones carecen de dicha herramienta.
Mientras algunos suman una década intentando aprobarlo, hay 13 que aún ni han comenzado el proceso.
Consultado por El Observador, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) confirmó que en el último año no se ha inscrito ningún plan nuevo.
¿Para qué sirven?
Según la Ley de Planificación Urbana, que introdujo este tipo de planes al país en 1968, estos documentos surgen para velar por:
- La distribución de la población
- El uso de tierra
- La circulación
- Los servicios y facilidades públicas
- La construcción
- La protección de las áreas urbanas
Dinero, burocracia y política, complican el panorama
Según la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marcela Guerrero, cada ayuntamiento tiene realidades distintas por lo cual no hay una explicación única para el atraso en la aprobación de los planes reguladores.
“Las causas se pueden categorizar en financieras, administrativas, técnicas o políticas; en la primera, tenemos el alto costo de lo que se debe invertir para la elaboración de diferentes instrumentos requeridos para el desarrollo de un Plan Regulador, la segunda a la tramitología que se debe seguir en las diferentes entidades que aprueban los planes reguladores y la tercera a equipos técnicos reducidos o ausentes en las municipalidades, o muchas veces con limitado conocimiento”, señaló la jerarca.
Guerrero culpó también a los intereses de diversos sectores por los atrasos en la implementación de los proyectos.
“Nos hemos encontrado planes reguladores que no son aprobados por concejos municipales o alcaldías por el costo político que implica ponerlo en ejecución”, destacó.
Desde la acera municipal, alegan también el tema económico como una traba para avanzar en la regulación.
El costo de los proyectos, aunado a la burocracia suman las principales quejas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
“No depende solo de la municipalidad sino que también hay instituciones de Gobierno Central que tienen competencia sobre el tema y tardan bastante para resolver, como Setena o el INVU. El proceso se volvía muy lento, por ejemplo, para contar con la viabilidad ambiental o la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica”, denunció Seidy Morales, vocera del grupo.
