Paulo Villalobos
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) defendió las acciones tomadas hasta ahora para promover el uso del Sistema Digital de Trámites, después de que una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) diera a conocer que solo 56 de 321 instituciones de la administración pública, utilizan dicha herramientas.
Dicha plataforma está compuesta por el Catálogo Nacional de Trámites (que indica todos los trámites, requisitos y procedimientos ofrecidos), los Planes de Mejora Regulatoria (que indica objetivos) y Sistema de Control Previo (opinión ciudadana al proceso de mejora).
OBSERVE MÁS: Apenas 1 de cada 5 instituciones públicas usan el Sistema Digital de Trámites
Con ella se pretende racionalizar los trámites de los servicios dados a la ciudadanía; mejorar la eficiencia, pertinencia y utilidad de los servicios ofrecidos; y reducir los gastos operativos asociados.
A raíz de ello y ante consulta de El Observador, la directora de Mejora Regulatoria de la cartera, Wendy Flores, recordó que recae sobre cada entidad el emplear la plataforma de forma efectiva y eficiente, en pro de la población.
“Es sumamente importante destacar que hay una responsabilidad de hacer un uso efectivo y eficiente de estas herramientas que conforman la plataforma, de las instituciones de la administración pública”, destacó la funcionaria.
Flores detalló que, para promover el uso del Sistema Digital de Trámites, se han realizado capacitaciones, talleres y asesorías.
Medidas a tomar
A raíz de las conclusiones del informe, la Contraloría ordenó a la ministra del ramo, Victoria Hernández, definir un plan estratégico institucional. Este tendrá que incluir objetivos y metas para la simplificación de trámites y mejora regulatoria, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
También se le pidió realizar un análisis de los criterios emitidos por la Dirección de Mejora Regulatoria, en el cual se otorguen excepciones de la aplicación de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.
A Wendy Flores se le ordenó implementar los mecanismos de control para supervisar el nombramiento de los oficiales de simplificación de trámites, el uso de la plataforma, el cumplimiento de metas y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de su función.
También se le solicitó implementar controles para subsanar las situaciones referentes a la calidad de la información contenida en los módulos del Sistema Digital Trámites.
Sobre ese aspecto, la directora de Mejora Regulatoria recordó que el 24 de setiembre de 2018 se publicó una directriz para que la administración pública actualice su información en el Catálogo Nacional de Trámites.
“Los hallazgos y las observaciones que ha hecho la Contraloría General de la República, sin duda van a ser analizadas al interno con detenimiento”, explicó Flores. “No solo para cumplir con las disposiciones respectivas, sino para mejorar las acciones y las estrategias que el Ministerio de Economía viene desplegando en materia de mejora regulatoria simplificación de trámites. La intención es que más bien sean observaciones que vengan a robustecer lo que venimos haciendo”, agregó.
Iniciativa de ley
Consultado por este medio, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Álvaro Sáenz, reveló que esa organización preparó un proyecto de ley para ampliar la rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en la materia.
Con ello se pretenden solventar falencias detectadas en la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.
Lo anterior por cuanto en la normativa se establece que cada ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria, establecerá sus programas de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de simplificación de trámites, y tendrá como referente los criterios de la cartera.
Álvaro Sáenz preside la Unión de Cámaras desde el 27 de noviembre de 2019. (Cortesía | Universidad de Costa Rica)
“Es decir, la propia ley de simplificación de trámites, permite que las instituciones estén por la libre en esta materia”, manifestó el empresario.
“Un claro ejemplo de lo anterior es en relación con el silencio positivo, en donde los temas ambientales y de salud, por jurisprudencia han ido quedando exentos de la aplicación de la ley 8.220. En estos dos temas solamente se pueden establecer plazos si hay un decreto específico que sea aceptado por el jerarca correspondiente.
“Recordemos además que los trámites de salud y ambiente no solamente se llevan a cabo en los respectivos ministerios sino también en las municipalidades y en Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), entre otros”, añadió Sáenz.
Proceso paralelo
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo, recalcó que la tramitología representa costos directos de operación para las empresas.
“En muchos casos las empresas grandes cuentan con personal específico para diversos trámites, lo cual, por su puesto, involucra costos. Para las micro y pequeñas empresas, donde la cantidad de personal es reducida, los trámites se transforman en pérdidas de tiempo directo, que atrasan la operación de la empresa en su totalidad”, indicó.
A criterio del economista, el Sistema Digital de Trámites debería reducir los tiempos dedicados, en aras de una mejora regulatoria.
“No obstante, la Camara de Comercio de Costa Rica resalta la necesidad de realizar un proceso paralelo de simplificación que permita que la digitalización sea más eficiente para el usuario final, ya sean ciudadanos o empresas privadas”, señaló.
Elizondo recalcó que las instituciones deben comprometerse con esos objetivos.
Paulo Villalobos
