Paulo Villalobos
El uso desproporcionado de la fuerza con el que se atendió una violenta protesta el 19 de octubre de 2019, en el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero (al que se le conoce como La Reforma), en San Rafael de Alajuela; está bajo investigación.
La Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) inició el 9 de enero de 2020 una pesquisa preliminar, ordenada por la titular Marcia González en el oficio MJP-013-01-2020.
El acto inicial del procedimiento responde a una resolución de la Sala Constitucional 44776 del 13 de diciembre de 2019. En esta se declara parcialmente con lugar un hábeas corpus interpuesto por 15 reclusos afectados por la intervención de la Policía Penitenciaria.
La investigación preliminar se dirige contra seis funcionarios administrativos y de seguridad, según indicó a El Observador la oficina de prensa de la institución.
Asimismo, la ministra del ramo ordenó una revisión de las actuaciones efectuadas por los agentes de la escuadra B de la Policía Penitenciaria, así como cualquier otro funcionario que ingresara a la celda 8 del módulo A1 del centro penitenciario en el mes de los hechos.
Este medio intentó contar con los apellidos y puestos de los empleados bajo sospecha, pero estos no pueden detallarse hasta que culmine la etapa preliminar, informó Justicia y Paz.
“Se trata de una investigación que está en proceso, por lo que no se pueden adelantar resultados ni acciones al respecto”, añade la respuesta dada a El Observador.
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Motín y respuesta
La manifestación del 19 de octubre de 2019 se dio en respuesta a una orden emitida por el Ministerio de Salud, para prohibir el ingreso de visitantes debido a un brote de paperas.
A modo de protesta, los reclusos quemaron colchones y dañaron inodoros, llavines, paredes, tuberías así como un portón; al tiempo que se enfrentaron a los policías con tablas, piezas de cerámica, armas punzocortantes, escombros, piedras y agua con jabón.
Los oficiales debieron intervenir. Primero trataron con diálogo y luego con la suspensión momentánea de las visitas y del fluido eléctrico. Sin embargo después los agentes usaron bombas de gases lacrimógenos, escudos de metal y extintores, con el fin de ingresar al salón para sacar a los revoltosos.
Mediante análisis realizados por la Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San Joaquín de Flores, Heredia, los magistrados comprobaron que los amotinados sufrieron golpes considerables. El día del evento se atendieron:
- 66 personas en la Clínica del Centro de Atención Integral
- cinco personas en sitio en el ámbito donde se presentó el motín
- una cantidad no determinada de trasladados al hospital San Rafael de Alajuela
Dentro de las lesiones contenidas en los dictámenes, se dieron por probadas heridas en la piel, hematomas, edemas (exceso de líquido) y fracturas, entre otros; en tronco, extremidades y cuello de múltiples reos.
Estas se provocaron, tal y como se indica en algunos de los testimonios recogidos, con varas policiales, puñetazos así como puntapiés.
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Fuera de servicio
Antes de entrar a discutir si hubo o no un uso excesivo de la fuerza, la Sala Constitucional invocó al principio de la carga dinámica de la prueba. Esto quiere decir que señalaron que la Policía Penitenciaria tenían la responsabilidad de presentar las evidencias.
Entonces, los altos jueces solicitaron que suministraran los videos grabados por dos cámaras de vigilancia situadas en el patio del pabellón; las dos colocadas en techos del módulo; así como la que opera en el pasadizo externo del lugar.
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, contestó bajo juramento que los dispositivos estaban rotos, por lo que no funcionaban.
Además, señaló que las imágenes que las cámaras se borran de manera automática, debido a que el software con el que trabajan no tiene mayor capacidad de almacenamiento.
«Dada la escasa información brindada por las autoridades penitenciarias recurridas, de conformidad con las reglas de la sana crítica, se comprueba que en el caso presente, se dio un uso irrazonable de la fuerza», señala el fallo del tribunal.
En el por tanto, el tribunal ordenó a la jerarca, así como a la directora del centro penal, Jenny Umaña, y su jefe de Seguridad, Róger López, adoptar de manera inmediata medidas para que se eviten a futuros nuevos incidentes como los ocurridos el 19 de octubre.
También deben reparar las cámaras y guardar, por al menos un mes, los videos grabados.
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Descargo penitenciario
Consultado por El Observador, el subdirector de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, anunció el compromiso de la cartera de cumplir con la orden de la Sala Constitucional.
“Curiosamente, el no poder demostrar mediante el video de cámaras lo ocurrido es lo que hoy nos pone en esta urgencia”, manifestó por escrito el funcionario.
Añadió: “No debe quedar ninguna duda de que la institución hará las gestiones necesarias, con la actitud positiva que eso significa para el bienestar de la policía, la población privada de libertad y en general de todo el sistema penitenciario”.
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Paulo Villalobos
