Paulo Villalobos
Más de un año pasó desde que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) puso en marcha un proceso para renovar las armas de fuego que utilizan los oficiales de la Fuerza Pública.
El proceso comenzó con una solicitud que hizo la cartera a la Contraloría General de la República el 18 de julio de 2018. Esto para autorizarar la contratación directa de 2.000 pistolas Beretta 92FS, tipo M9A1 9mm.
Para ello, la institución presupuestó ¢1.169 millones que pretendía desembolsar en dos tractos.
La División de Contratación Administrativa del ente contralor denegó el pedido un mes y medio más tarde en su resolución DCA-3476.
En su lugar, el órgano avaló una contratación directa concursada.
Lo anterior significa que, de acuerdo con el socio director de la firma Consultores en Derecho Público, Aldo Milano, la administración debe contactar a potenciales proveedores para que compitan.
Dicho trámite se concretó hasta el 26 de julio de 2019, cuando el Ministerio publicó la contratación en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
No obstante, según lo dio a conocer este martes el sitio de noticias CRHoy, ninguna de las dos empresas que participaron en la contratación cumplió con los requisitos. Pese a ello, el procedimiento está en curso, ya que una compañía concursante apeló los incumplimientos que se le atribuyeron.
Armamento obsoleto
El ministro del ramo, Michael Soto Rojas, expuso en la solicitud hecha a la Contraloría que la Fuerza Pública requiere de 6.000 armas de fuego, “para reponer armamento obsoleto y fortalecer la dotación de este tipo de equipo a los funcionarios en servicio”.
Para los subprogramas de Seguridad Ciudadana y la Escuela Nacional de Policía, la Fuerza Pública posee 8.472 pistolas y revólveres. El 47% de ellas tiene más de 22 años de antigüedad.
Asimismo estas armas poseen una tecnología y poder de tiro “muy limitados”. Además no permite a los oficiales, igualar las fuerzas con delincuentes en un eventual enfrentamiento armado.
“Cabe resalta que el arma de fuego es fundamental en la protección de las personas uniformadas y con ello apoyar sus esfuerzos hacia la ciudadanía”, destaca el oficio en cuestión.
Con el fin de iniciar con el proceso de renovación de las pistolas, Soto impulsó la contratación directa de las Beretta, al fundamentar:
- Un enfoque técnico sobre la mecánica y funcionalidad: las 1.300 adquiridas en 2009 presentaron un porcentaje de incidencia de 1,08%.
- Otro académico y operacional: “miles” de operadores utilizan este tipo de pistolas en sus procesos de instrucción.
- Y una necesidad de estandarización: cambiar la pistola más utilizada por los cuerpos de policía “podría significar el surgimiento de costos”.
Tras justificar la compra de las Beretta, el jerarca detalló que Industrial Fire Rescue Equipment es la representante exclusiva de Beretta U.S.A. CORP.
Esta consideró un precio unitario de $975 ($13 dólares menos que en una contratación del mismo tipo de arma en 2016). Ello incluía 3 cargadores de 15 balas, 1 caja de transporte, 1 kit de limpieza 36 meses de garantía.
Urgencia en entredicho
El 10 de julio de 2019, el director jurídico del Ministerio de Seguridad, Jeiner Villalobos Steller, consultó al director de Proveeduría Institucional, Mario Umaña Mora, si persistía en la situación de “emergencia” que desencadenó en el pedido a la Contraloría, en el tanto que no se había iniciado el trámite.
A ello el sub director general de la Fuerza Pública, Reinaldo González Cubero, respondió que las condiciones de necesidad de aumentar el “se mantiene a la fecha, por cuanto no se ha recibido ninguna pistola, por ningún medio que pudiese atender la necesidad del cuerpo policial”.
El jerarca explicó dos razones por las que hasta entonces no se había iniciado el trámite:
- Problemas para contar con los criterios de funcionarios (policiales y administrativos). Algunos de ellos ocupaban altos puestos de dirección, por lo que debían presentarse en atenciones de huelga y actividades. También, un representante de armamento estuvo incapacitado dos meses.
- Luego de que se rechazara la solicitud de contratación directa, Seguridad debió formular especificaciones técnicas, controles de calidad para el proceso avalado por el órgano contralor.
Este último se publicó el 26 de julio de 2019; o sea, 376 días después de que se tramitó el pedido de contratación directa.
“Es un contrasentido que transcurra un plazo indefinido sin que se proceda a llevar a cabo la contratación directa concursada. Eso permite cuestionarse si había una urgencia realmente o no”, explicó el abogado Aldo Milano.
Añadió: “Ciertamente, tramitar una compra concursada es más complejo que hacer una compra directa. Debe prepararse un cartel, criterios de evaluación y otros temas que hacen el procedimiento más complejo, lo que podría explicar la tardanza, aunque un año ya es mucho tiempo”.
Por su parte, el ministro Michael Soto Rojas señaló este martes que el proceso se declaró infructuoso y que está pendiente de resolverse un recurso de revocatoria.
“Hasta que se resuelva responderemos lo correspondiente. Si fuese que va a seguir el proceso negativo, volveremos a empezar y si ese sale negativo, volveremos a empezar, empezar y empezar, porque realmente hay una necesidad del país de tener armas”, indicó el jerarca.
Nota del editor: Esta noticia se actualizó el 16 de diciembre de 2019 con el número correcto de la resolución.
Paulo Villalobos
