Marco Marín
El jueves, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, recibió la comparecencia tanto de Marcia González, ministra de Justicia y Paz, como la de los representantes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El tema a tratar no era simple ya que, prácticamente, ha sido criticado desde que inició: el monitoreo electrónico de privados de libertad.
Sin embargo, desde su implementación en febrero del 2018, el sistema ha sido un tema recurrente por una serie de problemas, los cuales suscitaron una guerra de acusaciones entre las partes.
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El origen del problema
En 2014 se publicó la ley 9271, Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal y tres años después, el reglamento para su aplicación quedó listo. Esto permitió al Ministerio de Justicia, ejecutar, a partir de febrero del 2017, un acuerdo que firmó con ESPH para que le prestará este servicio.
Desde entonces han surgido críticas al programa. Por parte del gobierno señalan que los problemas se deben a que la tecnología de la empresa es obsoleta y han sufrido atrasos en la entrega de brazaletes.
Mientras tanto, la compañía asegura que ellos están cumpliendo con lo pactado en el contrato del concurso público y que más bien son problemas administrativos los que inciden en que el sistema no funcione. Entre estas carencias señalaron la falta de personal policial para monitorear a los criminales que tienen esta pena.
Para complicar, aún más el asunto, el miércoles de esta semana se dio a conocer una auditoría, solicitada por el Ministerio, la cual señala que el programa tiene fallas fundamentales y que ambas partes son responsables.
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Versión de la ministra
Desde el principio de su comparecencia, González se desmarcó de las críticas y, por el contrario, aseguró que el programa funciona bien, sin dejar de aceptar que podría ser mejorado.
Respecto al tema de los aparatos electrónicos, aseveró que la implementación de protocolos de monitoreo les ha permitido desarrollar un “buen trabajo”, a pesar de los problemas de comunicación que presentan los brazaletes.
Según la jerarca, el acuerdo firmado con ESPH indica que se debe usar una red GSM para la transferencia de datos que van del brazalete al centro de monitoreo. Esto a pesar de que “no es una tecnología de punta”, como afirmó González.
Esta situación, sumado a la lentitud de la plataforma utilizada por el proveedor, son las razones por las cuales la ministra afirma, se da la pérdida de comunicación con los dispositivos, y que impide seguir el rastreo de la persona.
A pesar de esto, sostiene que ellos realizan una labor de mitigación al seguir el monitoreo de las personas.
La jerarca afirma que tanto la auditoría, como otros experto internacionales, han sugerido cambiar el uso de GSM por radiofrecuencias.
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ESPH se sacude de críticas
Mientras tanto, los representantes de ESPH aseguraron le han hecho ver al Ministerio de Justicia, serías deficiencias en el monitoreo de los reos, una responsabilidad que le compete exclusivamente a esta cartera.
“Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el monitoreo, como se dijo (en referencia a González). Solamente suministramos tecnología, la revisión de la fibra óptica, la transferencia de datos y que los equipos funcionen para que ellos elaboren el trabajo de monitoreo”, aseguró Allan Benavides, presidente de la compañía.
Benavides aseguró que, al 25 de setiembre, sus equipos reportaron 570 brazaletes con un 1% de carga y 434 sin batería, algo que demuestra la ineficiencia del Ministerio
En esta línea, Daniel Vargas, desarrollador de negocios de la empresa, aseguró que la cartera no está siendo honesta.
“Es una situación donde, el 37% de personas que están siendo monitoreadas no saben donde están. Afirmar que se sabe su paradero, cuando el dispositivo está a punto de descargarse o sin carga, es faltar a la verdad”, sentenció.
El asesor externo de ESPH, William Villalobos, explicó que han remitido 12 oficios, en los que señalan problemas en el monitoreo de los reos. El abogado explicó que no les han respondido ninguno.
Agregó que usar radiofrecuencias no es posible, debido a una mejora tecnológica que fue solicitada por el Ministerio, para cambiar los brazaletes. Aseguró que este cambio no fue cobrado.
Incluso, aseguró que se ofreció una mejora, sin pago de por medio, para la agilización de la plataforma tecnológica.
“Se les ofrece una mejora sustantiva en el precio del costo diario de monitoreo. También una mejora en la infraestructura del centro sin ningún costo”. En apariencia, la cartera nunca respondió.
Villalobos también aseguró que los resultados, de la auditoría gestionada por el Ministerio de Justicia, les fueron negados.
Afirmó que no les sorprende, dado que “es contundente en ratificar los problemas de gestión operativa, de falta de protocolos y de falta de personal”.
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¿Qué dice la auditoría?
El informe, hecho por el consultor portugués Nuno Caiado, encontró que el programa presenta serias fallas, que incluso comprometen su funcionalidad.
Según el informe, existe un problema de duplicidad en el liderazgo del monitoreo electrónico. Esto también incide en otra problemática: la disolución de responsabilidades ante dos líderes.
El portugués también destacó la falta de personal para las funciones.
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Plan B
De acuerdo con la ministra, cuando el centro de monitoreo “pierde” el rastro de una persona con tobillera, se activa una alerta. Cuando esto sucede, dan cinco minutos “para discriminar” que no sea una falsa alarma. Aseguró que esto se debe a problemas de la plataforma proveída.
Cuando se confirma la falta de comunicación, se llama a la persona por teléfono. Si esta no contesta, entonces los encargados alertan a la Policía para que visite el domicilio estipulado para la persona. Debido a la ubicación geográfica del reo, esto puede tardar entre una a cuatro horas.
“De los 1.559 reos, que tienen esta medida, solo el 50% de ellos se encuentran en la Gran Área Metropolitana (GAM)”, añadió la Ministra. A pesar de esto, asegura que los casos de “reo en fuga” son solo de 21 personas.
Cuando no se localiza, los oficiales informan al centro de monitoreo. En ese caso, el Ministerio envía una solicitud, al Poder Judicial, para revocar este tipo de pena a la persona involucrada.
A pesar de la situación, González alegó que “es una barbaridad inferir que las personas, por estar incomunicadas, están cometiendo un delito”. Aseguró que el éxito del programa se refleja en una estadística.
“Esto lo evidencia la taza de reincidencia. Entre las personas que están en la cárcel, es del 21%. Acá estamos hablando de un 2,1% de personas (en este programa) que cometen nuevos delitos. Por más que haya falencias en el sistema”, dijo a los diputados.
Sobre una mejora del servicio, aseguró que, “lamentablemente, en el momento que se planteó pidieron un desembolso extra y no tenemos recursos”.
Marco Marín
Las experiencias trascienden a los resultados. Tomar el camino menos transitado siempre hace la diferencia y los errores duelen menos cuando seguimos nuestro instinto. En lo periodístico, las palabras solo son herramientas pero, utilizadas adecuadamente, dan sentido a nuestras vidas. En síntesis: compren el tiquete, ajusten el cinturón de seguridad y disfruten del viaje.
