Ministro de Ambiente: “Las responsabilidades ambientales de otros ministerios siempre han sido un prioridad inferior”

El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, dejará su puesto en agosto para dirigir el Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF, por sus siglas en inglés), un importante organismo internacional que da financiamiento a las países para la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales.

Tras dos años en la silla de ministro, que ya había ejercido en la administración del socialcristiano Abel Pacheco (2002-06), Rodríguez conversó con El Observador sobre los retos más urgentes de Costa Rica en materia ambiental

No tengo ni la menor duda de que el tema ambiental más grande y serio que tiene Costa Rica es el tema de contaminación del suelo, del aire y de las aguas, sea por agroquímicos, por plásticos, por desechos sólidos o tóxicos. (…) Esa responsabilidad la tienen el MAG, el Ministerio de Salud y el MOPT.

Rodríguez fue crítico de otros ministerios, como el de Agricultura y Ganadería (MAG), Salud y Obras Públicas y Transportes, a los que señaló de únicamente cumplir con las “tareas fundamentales” de sus funciones y dejar de lado la protección y vigilancia ambiental.

“Siempre han sido una prioridad inferior y ahí es donde yo encuentro ese gran vacío que tenemos. Las responsabilidades ambientales en este país no son exclusivas del Minae. (…) Y si vemos lo que el país ha hecho bien en tema ambiental, es lo que obedece a responsabilidades del Minae, como el tema de reforestación, áreas protegidas, cambio climático”, señaló.

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Rodríguez explicó que la creación del Minae se dio cuando los problemas ambientales como la deforestación se ligaba únicamente a las zonas rurales y no se hicieron los ajustes institucionales para lidiar con las problemáticas de las áreas urbanas, como los desechos plásticos o las presas vehiculares.

“Hemos tenido planificado para el año tres de esta administración una propuesta que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, para una nueva institucionalidad ambiental, estamos a tiempo de resolver esos problemas. Tenemos que hacer una modernización profunda”, dijo.

• ¿En qué consiste esa propuesta?

“La Ley Orgánica del Ambiente es de 1996, y 25 años después Costa Rica es muy diferente. Tenemos que pasar nueva legislación, tenemos 15 años con un proyecto de ley de aguas, por ejemplo”, señaló el ministro.

El abogado explicó que el país debe realizar modernizaciones en el marco legal que dicta las responsabilidades ambientales y se establezcan los incentivos apropiados, por ejemplo, para el camino de la descarbonización.

“En esta década no se ha hecho mayor cosa que la Ley de Residuos Sólidos, nada más. Es urgente hacer esa reforma profunda y ahí es donde deposito mi optimismo”, comentó.

• Usted ha nombrado que uno de los grandes problemas del país es el tema de aguas. Tenemos una ley marco muy antigua y una Dirección de Aguas limitada para la vigilancia en campo, ¿hacia dónde debe ir el modelo de vigilancia? ¿deberían endurecerse las sanciones respecto al tema?

“La ley es del año 1942 y todavía está vigente. Requerimos una ley moderna para hacer una gestión eficiente del recurso hídrico.

No es tanto una necesidad de tener mejores sanciones. La sanción es la última acción que deberíamos desarrollar y lo que debemos hacer es una buena gestión. Para eso es muy importante entender que el siguiente paso es la norma general, la ley de aguas que tenemos en la Asamblea Legislativa y que espero que se pueda aprobar en esta administración”, manifestó.

“Usted en Costa Rica hace un análisis subterráneo y usted se asusta de la contaminación. El reto ambiental de Costa Rica está en el agua definitivamente”, agregó.

El ministro señaló dentro de los principales causantes el uso indiscriminado de agroquímicos en el país así como la expansión de la frontera agrícola. Asimismo, urgió que se permita el uso de agroquímicos más modernos.

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• Cómo afectará la pandemia por COVID-19 al tema de vigilancia en áreas silvestres protegidas?

“La crisis nos ha afectado a todos, nos ha afectado en los diferentes recortes de presupuesto. Al Sinac se le ha hecho un recorte de alrededor de ¢1.000 millones que han ido para el fondo Proteger y vendrán otros. En esa misma medida vienen a limitar las capacidades de hacer una gestión del manejo de las áreas protegidas, que va más allá de control y protección”, comentó.

Además aseguró que la crisis magnifica varios problemas ambientales que se arrastran desde años atrás como la cacería furtiva.

No obstante, comentó que una de las circunstancias favorables con las que cuenta el país de cara a las dificultades de vigilancia es la labor de protección que ejercen las comunidades vecinas de los parques nacionales, que han generado todo un sistema económico a raíz de estas áreas.

“El problema lo vamos a tener el otro año, porque el Sinac se nutre mucho de los ingresos a los parques nacionales y al no tener visitantes los ingresos van a bajar mucho. Eso requiere que seamos innovadores de cómo abordar el tema de vigilancia y un medio para hacerlo es trabajar con las comunidades vecinas, como a través del programa voluntario de guardaparques”, dijo.

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• Crucitas ha sido uno de las problemáticas ambientales más señaladas en los últimos años. Una de las críticas hechas hacia usted es que justamente minimizó la problématica al referirse a ella. ¿Es Crucitas un desastre ambiental? ¿Hacia dónde debe ir la estrategia para minimizar los impactos ambientales en el lugar?

“La gente habla de un desastre ambiental sin poder precisar qué es. Un desastre ambiental es un evento donde por la escala o el impacto ambiental del mismo trasciende las capacidades del país para lidiar con ese problema.

En Crucitas es serio pero no es un desastre ambiental. Lo que tenemos es un problema serio en la extracción del recurso mineral, en el trasiego organizado del oro, de inmigración y uno muy serio en poder ejercer actos de soberanía y control del territorio nacional, esos son los problemas”, dijo el jerarca de Ambiente.

Aseguró que el abordaje que ha hecho el Estado en Crucitas va dirigido a contener el problema y se ha minimizado la cantidad de personas en la zona; no obstante, Rodríguez considera que se debe desarrollar una propuesta en inversión pública en educación, salud y oportunidades laborales.

“El valor biológico de Cutris es altísimo, si nosotros consolidamos un circuito de áreas protegidas en la zona Norte ligando a Maquenque con Caño Negro, y juntando Arenal y La Fortuna podemos generar opciones para que le turismo se mueva a esa área”, señaló.

“Obviamente hay una crítica de todos aquellos que quieren una regresión ambiental hacia la minería metálica a cielo abierto. Y que quede muy claro: de haber tenido la mina como se pretendía, los problemas ambientales hubieran sido 10 veces más grandes”, concluyó Rodríguez.