Tomás Gómez
A las puertas de que se empiece a negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el Ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, confirmó en entrevista con El Observador que no será parte de la mesa.
Prieto fue hasta abril el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), lo que llevó a los diputados independientes del bloque Nueva República a pedir su abstención en las conversaciones.
“Es una solicitud que seguramente implica una duda sobre mi integridad ética a la hora de tratar este tema, yo eso no lo acepto pero no quisiera que hubiera ningún pretexto para que se pudiera debilitar el acuerdo entre los ministros y los rectores”, dijo Prieto.
Al respecto, el legislador Jonathan Prendas señaló que había un claro conflicto de interés por el puesto que venía ocupando Prieto.
“Refleja transparencia para nosotros y nos permite revisar con profundidad cada colón y cada línea presupuestal del presupuesto de las universidades”, mencionó.
Para las conversaciones, la vocería de Presidencia la tendrá la viceministra Silvia Lara.
En el proceso participarán los rectores por parte las universidades mientras que desde el Gobierno tradicionalmente se suman las carteras de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia.
Prieto: ” Todas las universidades públicas en el mundo todas tratan de generar sus propios recursos “
Desde el año anterior el presidente Carlos Alvarado había hecho un llamado a que las universidades públicas generaran parte de sus recursos.
Según sus palabras el modelo de solo recibir el flujo gubernamental estaba agotado y los centros educativos podrían capitalizar sus avances.
La postura fue respaldada por Prieto, quien dijo que la UTN generaba alrededor del 13% de su presupuesto.
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“Todas las universidades públicas en el mundo todas tratan de generar sus propios recursos. Yo entiendo el interés y la orientación que el señor presidente le está dando a este tema y lo comparto”, mencionó.
El jerarca destacó, eso sí, que la subvención estatal no puede desaparecer del todo pues se trata de instituciones públicas
“La educación es un bien público y social, un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado, no se trata de convertir las universidades públicas en universidades privadas”, concluyó.
Un año de condiciones especiales
Las negociaciones entre universidades y Poder Ejecutivo venían realizándose de manera quinquenal pero a partir del 2015 se varió a ciclos anuales, que han estado permeadas por las condiciones coyunturales.
De esa manera, en el 2018 una moción legislativa retiro ¢10.000 millones al acuerdo y el 2019 las presiones para redireccionar ¢35.000 millones conllevaron una serie de protestas estudiantiles tras las cuales el Gobierno cedió y permitió a las universidades definir sus propios gastos de capital.
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Para este 2020, según informó el periódico Semanario Universidad, el Ministerio de Hacienda había adelantado a las instituciones la intención de recortar ¢20.000 millones al fondo.
