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Ministro de Seguridad asegura que se enteró por la prensa de polémica oficina de datos

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tenía la potestad de acceder a los datos de entidades públicas, pero…

Por Tomás Gómez

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Ministro de Seguridad asegura que se enteró por la prensa de polémica oficina de datos
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La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tenía la potestad de acceder a los datos de entidades públicas, pero pese a esas capacidades, su existencia no era conocida por el Ministerio de Seguridad.

“Se lo digo con toda sinceridad, no conocía el nombre de la UPAD, lo conocí por los medios de prensa”, dijo este martes el jerarca de esa cartera, Michael Soto.

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Soto comentó en algún momento conversó sobre datos de delincuencia con alguno de los funcionarios que ahora son cuestionados pero solamente de información completamente pública proveniente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Sabía que uno de los compañeros ocupaba datos públicos que tenía que ver con criminalidad pero el nombre UPAD no lo conozco y solo conocía a una persona en esa lid”, aseguró el encargado de la seguridad nacional.

El asesor de datos Diego Fernández, la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, y la asesora jurídica, Viviana Benavides, intentaron este lunes explicar el trabajo que ya hizo con datos Casa Presidencial (Christine Jenkins/El Observador)

Autoridades en alerta y Gobierno en silencio

El decreto que creó la UPAD fue suscrito en octubre por el mandatario Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.

La iniciativa fue publicada en La Gaceta y entró a regir la semana anterior en medio de secretismo. Ante la oleada de críticas, su vigencia fue derogada en cuestión de cinco días sin que la polémica se redujera.

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La Defensoría de los Habitantes arrancó una investigación y tras recibir tres denuncias de diferentes juristas la Fiscalía abrió un expediente para analizar las posibles irregularidades de la intentona del Poder Ejecutivo.

Desde la Asamblea Legislativa de ha combatido también el proyecto del Gobierno y ya se acordó crear una comisión especial investigadora, así como un llamado a interpelar al ministro Morales y un de un voto de censura que se verá en los próximos días.

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Mientras todo eso ocurre, Carlos Alvarado acumula 8 días sin responder preguntas a la prensa.

Su reacción se limitó a congelar el trabajo de los funcionarios que trabajaban con datos y a la emisión de una cadena nacional donde se justificó indicando que había sido un error no comunicar mejor la intención gubernamental para el trabajo con datos.

El equipo de la Defensoría de los Habitantes fue uno de los primeros en reaccionar a los señalamientos contra la UPAD (Tomás Gómez/ El Observador)