Paula Ruiz
El Ministro de Seguridad, Michael Soto, justificó el traslado de información a Casa Presidencial con base en el artículo 139 de la Constitución Política, que establece que el mandatario tiene -entre sus funciones- “ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública”.
El jerarca se hizo presente a la audiencia ante los diputados de la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Soto confirmó que trasladó información a Casa Presidencial personalizada sobre informes policiales y actas de decomiso, realizadas entre enero y diciembre de 2019, tras las consultas de Silvia Hernández, diputada liberacionista.
Dentro de los datos trasladados están:
- Nombre del aprehendido
- Lugar de la aprehensión
- Tipo de aprehensión
- Fecha de aprehensión
Los datos fueron enviados desde el Ministerio de Seguridad Pública a Santiago Álvarez Ovares, asesor presidencial de Carlos Alvarado, sin la existencia de un convenio de confidencialidad.
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Soto argumentó que envió a Álvarez los datos por ser el enlace directo entre Seguridad y el mandatario.
“Él (Santiago Álvarez) me hace la solicitud verbal en algún martes de noviembre tras Consejo de Gobierno, pasan los días, se me fue el dato, él luego me recuerda que ocupa la información, le pido a unidad de jefa de análisis que me ayude a brindar la información y luego hay un intercambio de correos y una llamada telefónica para que se remita la información”, manifestó.
“Santiago es asesor de coordinador entre el Presidente y yo, es decir lo que pide Santiago, me lo pide el Presidente”, dijo el titular de Seguridad.
El Ministro de Seguridad argumentó que el traslado de información sensible la autorizó porque Álvarez indicó que los datos iban a ser utilizados para política pública.
“La justificación (que dan) es que es tendencia delictiva en zonas vulnerables afectadas por criminalidad para insumo del abordaje, es decir prevención delictiva”, agregó.
La entrega de datos finalmente se concretó el 18 de diciembre de 2019 y se escudó en el artículo 8, incisos a) y c) de la Ley de Protección de Datos.
Santiago Álvarez, asesor presidencial, que solicitó los datos personales de aprehendidos. También había solicitado información personal de beneficiarios de becas.
“No sé cómo lo van a usar”
Ante los cuestionamientos de la liberacionista Ana Lucía Delgado, el titular de Seguridad Pública confirmó que no es necesaria la información personal para generar políticas públicas.
Soto admitió que existen datos públicos relacionados con lugares con mayor incidencia delictiva, donde se detallan aspectos como horas de asaltos, homicidios u otro delito, lugares donde se cometen y otros aspectos de criminalidad sin que sea necesaria la identificación de los aprehendidos.
“Desde prevención en la calle tiene razón, son más de donde roban, a qué hora roban más. El tema desde lo específico no lo sé, no sé como lo iban a usar o abordar, esa es la justificación que me dan pero usted tiene razón el abordaje policial va en ese enfoque”, manifestó.
Cabe recordar que Santiago Álvarez pidió información personalizada de beneficiarios de becas, así como de sus familias. El asesor presidencial estuvo en audiencia y se abstuvo de declarar.
