Paula Ruiz
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que los tribunales resolvieron declarar con lugar un recurso de apelación interpuesto sobre la sentencia relacionada con la estafa del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La aceptación de la apelación implicará que se tenga que conocer nuevamente el extremo de la demanda civil y con ello, la Procuraduría estima que la condena podría aumentar en mínimo ¢160 millones.
El abogado del Estado había apelado la sentencia 146-2016 emitida por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en la que se había declarado sin lugar la demanda civil en 81 contratos de servicios especiales.
Ahora el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, por medio de la sentencia 111-2020, ordenó un reenvío para nueva sustentación ante el Tribunal Penal.
“Ello implica que se tenga que conocer nuevamente ese extremo de la demanda civil lo que podría llevar a que se eleve la condena civil en aproximadamente 160 millones de colones, más los intereses y se le deben sumar las costas personales”, informó la Procuraduría mediante un comunicado de prensa esta mañana.
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Pagar los 263 contratos
Randall Aguirre, procurador Penal, dijo ante los diputados en el 2019, que estarían a las puertas de un nuevo juicio con el PAC por el monto de la estafa. (Prensa PLN)
En setiembre anterior, Randall Aguirre, procurador Penal, explicó ante la comisión legislativa que investiga las campañas políticas del PAC, que la agrupación debería de pagar sobre los 263 contratos por servicios profesionales que dieron pie a la estafa, y no por lo 179 como se les condenó.
“La estafa está en 263 y no en 179, por eso vamos a seguir insistiendo que la condena debe ser por ¢516 millones más intereses y no 352 (millones de colones)”, dijo a los diputados en aquel momento.
Inicialmente se condenó al PAC al pago de ¢352 millones, con base en esos 179 contratos.
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Los hechos se remontan a la campaña electoral de 2010, con Ottón Solís como candidato presidencial, donde se estafó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En el proceso judicial se logró verificar que los excolaboradores donaron su trabajo mediante servicios profesionales, aunque el PAC falsificó contratos para cobrar sin conocimiento de los firmantes.
El Tribunal halló como culpables al extesorero del PAC, Mynor Sterling así como a Manuel Antonio Bolaños, excolaborador rojiamarillo.
Durante las sesiones de la comisión legislativa los diputados han puesto en duda de que hayan sido los únicos participantes de la estafa.
El foro culminaría funciones en marzo próximo, a la espera de finalizar con las audiencias y emitir las recomendaciones al Plenario legislativo a través de dictámenes.
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