Marco Marín
A finales de junio, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó su plan de estrategia y modernización para superar el déficit financiero que atraviesa. Fue una solicitud expresa del presidente Carlos Alvarado.
Uno de los puntos claves de la instrucción fue las tarifas eléctricas. Con la estabilidad financiera, deberían optimizarse los recursos – planilla, compra de servicios e infraestructura – para impactar las tarifas.
Pero aún falta un año para conocer si las rebajas de precios son definitivas y no solo coyunturales, como serán las anunciadas por el Gobierno la semana pasada.
Irene Cañas, presidenta del ICE, aseguró que ya se implementan acciones. Sin embargo los resultados se verían reflejados – al menos en tarifas – hasta el segundo semestre del 2020.
“¿Podemos hacer esfuerzos para dar tarifas más competitivas? Es lo que estamos trabajando. Nuestra hoja de ruta va en ese sentido. Sin embargo los esfuerzos siempre van a tener un rezago por un tema metodológico. Los esfuerzos se verán hasta el siguiente pliego tarifario”, dijo a El Observador.
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Rebaja es coyuntural
El pasado miércoles 2 de octubre, Presidencia e ICE anunciaron una rebaja acumulada de 10% hasta enero, empezando con 2,8% en octubre. Más allá de cómo lo presumió el Poder Ejecutivo, es un caída coyuntural. Se debe a la la disminución de uso de energía térmica (búnker y diésel); y la liquidación del pliegue tarifario del 2017.
Según el intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Marco Cordero, la rebaja es previsible en el último cuatrimestre del año, ya que incrementa la producción hidroeléctrica. Regirá hasta el 31 de diciembre.
A pesar de que sí es coyuntural, el presidente Carlos Alvarado fustigó a quienes señalaron que no se debió a las acciones del Poder Ejecutivo.
“Si no hubiéramos parado Diquís. Estaríamos construyéndolo, metiéndolo en la factura y estaríamos sobreinstalados. Si no estuviéramos ordenando, tendríamos otros resultados”, dijo en referencia al fallido y costoso proyecto de El Diquís, frenado a finales del 2018.
Ante el impacto en las tarifas de los errores en negocios del ICE, Irene Cañas afirmó que Aresep se ha vuelto más estricta en sus cálculos.
“La Aresep ha hecho una gran labor analizando con lupa los pliegos. Eso que llama errores, que pudieron haber impactado la tarifa negativamente, es cada vez menor, por que la Aresep no reconoce muchos de estos costos.
“Ahí es donde cada empresa se las tiene que agenciar para, ‘apechugar’ digamos, con esos costos y gastos que no se reconocen vía tarifa. Me atrevería a decir que, en los últimos años, ha cambiado mucho”, mencionó.
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Reclamos de años por electricidad cara
Una de las principales quejas del sector productivo es el precio de la electricidad. Cañas considera que es una cuestión de “perspectiva”, pues los críticos comparan al país con lugares que tienen circunstancias diferentes.
En julio, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) mencionó las tarifas como uno de los factores que inciden en una pérdida importante de hectáreas de producción. El subdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Carlos Montenegro, reiteró el reclamo.
“Prácticamente en 10 años se duplicaron las tarifas eléctricas, en Costa Rica. Esto no ocurrió así en los países con que compite”, lamentó.
Cañas considera injustas las comparaciones, por tener Costa Rica una matriz eléctrica muy diferente a la de otros lugares, tanto por fuentes como por capacidad.
“¿Qué es lo que la industria ha querido que logremos? Tener los precios de algunos países europeos y estados en EE.UU. Sin embargo algunos tienen una generación nuclear importante, que nosotros no tenemos. Los que no, generan una gran cantidad con carbón o gas natural”, justificó.
La jerarca defendió que un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, sobre las tarifas de la región, coloca a Costa Rica entre los más competitivos.
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Renegociación de contratos con privados
Irene Cañas apunta el dedo al sistema eléctrico, como una de las razones de los precios. “Cuando vemos la composición de nuestra tarifa, un gran componente, o el mayor, es el pago a generación privada. Después tenemos el tema de la depreciación. En el caso del ICE, el recurso humano tiene su cuota, pero no es la más importante”, dijo.
Por eso destacó que el ICE realiza la negociación y renovación de contratos con las empresas a quien compran electricidad. Ya se renegoció un acuerdo y están en proceso con otro.
Según una auditoría reciente de la Contraloría General de la República, el ICE tiene 40 contratos de compra de energía a generadores privados en las dos modalidades permitidas por ley:
- BOO (Build, own, operate, por sus siglas en inglés)
- y BOT (Build, own, transfer)
En los próximos ocho años, 19 contratos de la categoría BOO expiran. Mientras que dos plantas de la modalidad BOT pasarán a manos del ICE.
“Cada caso se está analizando. Estamos cambiando las condiciones contractuales de manera que nos garanticemos que, lo que vamos a comprar, realmente se necesita y al mejor precio. Esto es todo un tema porque solo la Aresep lo puede fijar. Lo que hemos estado negociando son cantidades de energía y tiempos en los que se compra”, explicó Cañas.
Según el ente contralor, 32 contratos por $2.049 millones carecen de evidencia documental que justifique la decisión de firma o renovación. Esto habría resultado en una carga de $24 millones en la tarifa de los usuarios.
El ICE rebatió el informe y recordó que no hay una negociación contractual de la tarifa entre el Instituto y el generador, pues todo se realiza según el modelo de la Aresep.
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Reducción de planilla
Hasta agosto, el ICE tenía 12.811 trabajadores. Significa pagar ¢369.677 millones cada año, un 20% del presupuesto anual del 2019. Cañas minimiza el impacto de planilla, por las reducciones de los últimos años y la imposición del salario único.
“Hemos entrado en una fase en donde todos los meses, una cantidad importante de funcionarios se acogen a la jubilación”, aseveró. Las plazas no serán reemplazadas hasta realizar un análisis de eficiencia. Pero pagar las cesantías también tiene un costo.
En mayo de este año, El Observador informó que la entidad desembolsó ¢17.803 millones para pagar a 490 funcionarios que se acogieron a su jubilación y pensión voluntaria entre junio y diciembre del 2018.
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Marco Marín
Las experiencias trascienden a los resultados. Tomar el camino menos transitado siempre hace la diferencia y los errores duelen menos cuando seguimos nuestro instinto. En lo periodístico, las palabras solo son herramientas pero, utilizadas adecuadamente, dan sentido a nuestras vidas. En síntesis: compren el tiquete, ajusten el cinturón de seguridad y disfruten del viaje.
