Tomás Gómez
El impacto económico de la crisis del coronavirus tiene todos los elementos necesarios para alterar el mercado laboral y la morosidad financiera del país. La estrechez también podría incrementar la demanda de intervención del Poder Judicial.
Un aumento en los despidos, incumplimientos de contratos y la afectación a la capacidad de pago en las deudas se estaría reflejando en litigios en áreas como derecho laboral y cobros, jurisdicciones ya de por sí saturadas en los estrados judiciales.
La advertencia fue parte de la presentación del III Informe de Estado de la Justicia (IEJ), lanzado por el Programa Estado de la Nación (PEN) este lunes ante la Corte Plena. Si bien el estudio se concentró en evaluar la coyuntura judicial de los últimos años, hizo una revisión especial del panorama que se viene a raíz del coronavirus.
“En un país donde ya la litigiosidad es muy alta imagínense ustedes los casos laborales o por quiebras o cobros que van a llegar nuevos”, mencionó la coordinadora del Informe, Evelyn Villareal.
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Arañar recursos
El turbio que se prevé para las finanzas públicas por la caída en la recolección de impuestos repercutirá, desde luego, también en la transferencia estatal a la administración de la justicia.
“Nunca en su historia reciente el Poder Judicial ha tenido que lidiar con una contracción del presupuesto como la que se prevé el año 2021”, señaló Villareal.
A la merma coyuntural se suma la reducción estructural del presupuesto arrancado en el 2018, cuando los presupuestos públicos empezaron a decrecer en términos reales, generando una tendencia a la rebaja para los próximos años.
Previamente, el auge había llevado, por ejemplo, a que de los $32 por habitantes que invertía el país en administración de justicia en el 2000, se pasó a $168 en 18 años, dejando una cifra de crecimiento, más no así las responsabilidades que se designan a la justicia.
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Suma complicaciones
La evaluación del Informe Estado de la Justicia no dejó bien parado al Poder Judicial, quien entre su falta de recursos y sus propios conflictos se ubica en un escenario de “escenario multiriesgo”.
De acuerdo a la evaluación, la bonanza presupuestaria había permitido ir cubriendo las nuevas responsabilidades. Pero en la nueva realidad, no es posible seguir atendiendo más encargos si no se genera su propio contenido presupuestario.
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Una de las primeras víctimas meses atrás fue la jurisdicción especial contra el crimen organizado. Las autoridades judiciales debieron generar una prórroga de año y medio, para alcanzar los recursos y capacitación necesarios para su operación.
Para terminar de complicar el panorama se suma también la integración de la Corte Suprema. Si bien la cúpula logró completarse en los últimos meses, tiene ahora a la mitad de sus integrantes con derecho a pensión y a una tercera parte cerca del vencimiento de su nombramiento.
El futuro cercano del órgano lo coloca nuevamente a merced de las voluntades y posibilidades de la Asamblea Legislativa, quien tiene la última palabra en cuanto a las designaciones de magistrados.
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