Paula Ruiz
La periodista María Gabriela Morales, del Departamento de Prensa de Casa Presidencial, adujo problemas técnicos para reproducir el audio grabado con su teléfono celular que sirve como respaldo o copia del que se extravió una parte a la Defensoría de los Habitantes.
Así lo informó la noche de este sábado Casa Presidencial, tras consultas periodísticas sobre la entrevista realizada por Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, al presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado 24 de febrero por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Zapote informó que la comunicadora cuenta con el audio, porque en el momento de la entrevista grabó con su teléfono personal “para efectos del cumplimiento de su tarea”, aunque no corresponde al extraviado en la Defensoría.
“Este hecho fue informado por los abogados personales del señor Presidente a la Fiscalía General ayer, viernes 5 de junio, en cuanto se tuvo claridad sobre el particular. El audio en cuestión se encuentra en el teléfono de la periodista Morales Guzmán, al cual no ha tenido acceso ninguna otra persona”, indicó Presidencia.
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“Ella nos ha informado que no logra que se reproduzca bien, pues parece presentar algún problema técnico. Esta circunstancia también fue informada a la Fiscalía General, así como que la periodista Morales Guzmán está en la mejor disposición de colaborar con ese órgano aportando su teléfono o en cualquier otro aspecto que estime pertinente a este efecto”, agregó.
La defensora Catalina Crespo se reunió con el presidente Carlos Alvarado y otros jerarcas el 24 de febrero. El 27 de mayo, Crespo informó sobre la desaparición de una parte de la entrevista. (Presidencia)
La desaparición
El miércoles 27 de mayo, Crespo informó que parte del audio donde se recogían interrogantes por la UPAD había desaparecido.
En el encuentro también se realizaron preguntas al exministro de la Presidencia, Víctor Morales y su viceministra, Silvia Lara; la exministra de Comunicación, Nancy Marín, y los asesores de la unidad.
“En aras de la transparencia institucional, y de salvaguardar la investidura de esta Institución y la honorabilidad de todos los funcionarios, acogí la recomendación de enviar este expediente al Ministerio Público, pues soy consciente de la relevancia que tiene este proceso para el país y para cumplir con nuestra misión de proteger los derechos humanos de los habitantes”, señaló la defensora Catalina Crespo.
La creación de la UPAD se concretó el octubre del 2019 y entró en vigor el 17 de febrero de este año tras su publicación en La Gaceta. A los 5 días una lluvia de cuestionamientos forzó al Gobierno a derogar la medida pero las dudas no pararon.
El 24 del mismo mes la Defensoría se presentó en Casa Presidencial para arrancar un procedimiento de investigación, cuyas conclusiones principales presentó el 28 de febrero afirmando que sí hubo acceso a daros sensibles de los costarricenses.
“Sí se tuvo acceso a datos sensibles los cuales fueron obtenidos a través de convenios a las mencionadas bases. La Defensoría considera que se deben de dejar sin efecto de manera inmediata convenios entre Presidencia e instituciones a las cuales se les requirió esa información”, indica el informe de la institución.
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Por el mismo hecho la Fiscalía allanó la sede de Gobierno por primera vez en la historia e inició un proceso en contra del propio presidente Alvarado en el que también figuran el exministro Morales y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
En la misma causa aparecen otros asesores de menor rango como los exfuncionarios de la UPAD Diego Fernández, Andrés Villalobos y Alejandro Madrigal, así como el abogado Luis Salazar y anterior jefe de despacho, Felly Salas.
