Tomás Gómez
El plan del Gobierno para que asesores del presidente Carlos Alvarado accedieran a información confidencial tuvo una vida efímera, pero fue suficiente para que expertos y políticos encendieran sus alertas por los riegos de la normativa.
Con la creación de la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos (UPAD), el Poder Ejecutivo pretendía que todas las instituciones públicas estuvieran obligadas a abrir sus registros.
El ente fue creado por el decreto Nº41996, firmado por el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto. La norma se creó en octubre del 2019 y entró a regir el lunes anterior tras su publicación en La Gaceta.
Tras cinco días de vigencia y “en vista de los cuestionamientos y críticas”, Casa Presidencial debió frenar la idea y derogarla.
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Todos los poderes juntos
El decreto de la polémica daba amplios poderes a los funcionarios de Presidencia.
“Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos”, indicaba el texto.
“También se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”, agregaba.
Según el documento, el ente contaría con plazas para técnicos, administrativos y profesionales y será dirigido por el “Director de Análisis de Datos”, quien trabajaría directamente para el Presidente.
El “peor error del Gobierno”
A la iniciativa de Casa Presidencial le cayeron críticas, tanto por la forma como por el fondo.
Según el abogado constitucionalista Manrique Jiménez la ley prohíbe al Gobierno investirse tales funciones, pues una medida con estos alcances requeriría obligatoriamente de aprobación legislativa.
“Hay un principio básico de reserva de ley en todo lo que tiene que ver con el régimen de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La Ley General de la Administración Pública indica que tiene que ser por ley, no pueden ser por un decreto o un reglamento”, indicó el jurista.
A criterio de Jiménez, el mandato que el decreto dio a la Administración central y descentralizada incluía a entes como los bancos estatales, un portillo automático para levantar el secreto bancario.
“Esto se presta necesariamente para la arbitrariedad, para el subjetivismo y la ocurrencia de los funcionarios públicos, sumamente peligroso, propio de un régimen totalitario y contrario a la democracia”, manifestó.
“Me parece contradictorio, me parece muy suelto, ocurrente y peligroso”, concluyó.
El analista de seguridad, Álvaro Ramos, calificó la intentona como inconstitucional y “el peor error político del Gobierno”.
“Básicamente todo el país iba a quedar bajo control de la Presidencia de la República. Me preocupaba los datos de las llamadas telefónicas, las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos por ejemplo”, planteó.
Ramos enfatizó en que el país ya cuenta con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y unidades técnicas en el Ministerio de Seguridad y la Policía Fiscal, por lo que el interés presidencial era meramente de control político.
El experto indicó que se deberá investigar el proceso de creación del decreto y la asesoría que se tuvo, sea local o extranjera.
“Lo que ahora requerimos es una investigación para eliminar todo vestigio de ese entuerto político que expuso al Gobierno enormemente y al presidente con su peor cara. Este es el mayor error político. Ya vienen cometiendo varios errores del mismo estilo entonces pareciera ser que hay desesperación en varios círculos de la Casa Presidencial”, finalizó.
Dudas legislativas
El decreto presidencial fue tachado de tener “actitud antidemócrata” por el co-jefe de fracción socialcristiano Pedro Muñoz.
“Con una absoluta falta de transparencia, el Gobierno montó esta Unidad que ya venía funcionando, utilizando información de los costarricenses y sin que conozcamos sus objetivos y el costo que venía representando para el Estado”, dijo por su parte la liberacionista María José Corrales.
“Mucho cuidado porque este tipo de estructuras son propias de regímenes totalitarios que abusan del poder y acceden a información confidencial y que atentan contra los derechos de las personas”, agregó.
La también liberacionista Yorleny León cuestionó el uso de la información que se pudo haber recabado.
“¿Será que la UPAD era el mecanismo alterno a la fallida contratación de la empresa asesora Bambú en 2019?, Huele además a la construcción desde Casa Presidencial, de un órgano político, como inicio de los preparativos de la tercera campaña presidencial del PAC”, planteó.
El independiente Jonathan Prendas fue más allá y comparó la iniciativa con el gobierno venezolano, además de anunciar acciones legales si la medida persistiera.
“El régimen chavista llegó a Costa Rica”, dijo.
Presidencia no vio problemas
Pese a las polémicas y cuestionamientos, Casa Presidencial insistió en que no vio nada malo en su iniciativa.
“Había un análisis de parte del equipo jurídico de acá y partir de ahí se hizo la propuesta para el decreto”, declaró la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
Marín señaló que la idea existe desde el inicio de la administración para justificar la toma de decisiones y que ya hay personal con estudios en economía y estadística atendiendo dichas tareas.
Al derogar el decreto y pese a las críticas, Marín insistió que se convocará a un diálogo para pulir la iniciativa.
