Paula Ruiz
El Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) mostró su oposición a la moción presentada este martes por 25 diputados, quienes pretenden solicitarle a la Sala Constitucional postergar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.
La petición fue firmada por los legisladores verdiblancos Luis Fernando Chacón, Luis Antonio Aiza y David Gourzong. Inicialmente, Daniel Ulate también la firmó aunque horas después se desdijo y anunció el retiro de su apoyo.
El órgano del PLN considera que debido a la coyuntura actual que vive el país, no es momento de generar divisiones y provocar polarizaciones sociales “inconvenientes”.
“Sobre todo en un momento en que se necesita unidad de propósitos y de esfuerzos. El tema del matrimonio igualitario es un tema superado y ya forma parte del ordenamiento jurídico nacional.”, indicó el comunicado.
“Como tal, lo que procede es su acatamiento y aplicación en la fecha dispuesta. Es momento de seguir adelante e ir dejando atrás factores y temas que solo división y confrontación nos han traído”, agregó el Comité.
El Comité Ejecutivo Superior está integrado por Kattia Rivera, presidenta del PLN; Gustavo Viales, secretario general (además diputado); Paulina Ramírez, tesorera nacional; Karen Porras, subsecretaria general; y Marco Cercone, subtesorero nacional.
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Asunto personal
Luis Fernando Chacón, quien es jefe de fracción de la bancada liberacionista, defendió que su apoyo a la moción es un asunto personal.
El matrimonio igualitario entrará en vigencia el próximo 26 de mayo, luego de un voto emitido en 2018 por la Sala Constitucional. El Poder Judicial estableció un período de 18 meses al Congreso para legislar al respecto, una vez que se diera la publicación en el Boletín Judicial.
El 14 de noviembre de 2018, la Sala Constitucional publicó el fallo integral en el cual avala el matrimonio igualitario.
Los magistrados se basaron en lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. El organismo realizó una opinión consultiva en enero del 2018, tras una consulta del gobierno de Luis Guillermo Solís.
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