Paula Ruiz
En el Partido Liberación Nacional (PLN) manejan la idea de que Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debe ser interpelado en el Plenario de la Asamblea Legislativa.
Así lo reconoció Silvia Hernández, jefa de fracción de los liberacionistas, quien cree que la audiencia de Macaya en la Comisión de Ingreso y Gasto Publico es insuficiente, pues en ese foro solo hay nueve integrantes.
Además apuntó a que lo meritorio es la salida del jerarca.
“Yo estaría anuente a que eso proceda, me parece que es lo que continúa. Pero creo que el presidente (de la República Carlos Alvarado) debería de pedir su salida”, manifestó esta tarde.
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La líder verdiblanca admitió que hasta el momento, no es un tema que haya conversado con otros jefes de bancadas. A raíz de la orden de la Contraloría a la Caja, la Asamblea Legislativa debe de tomar dicha decisión.
“A mí, como a todos, nos toma hoy (jueves) de sorpresa el pronunciamiento de la Contraloría, pero leyéndolo con detenimiento y todo lo que señala, me parece que es muy clara y contundente. Recordemos que, estamos hablando de una Ley de la República de algo vital que es el saneamiento de las finanzas públicas”, sostuvo.
Contraloría puso en orden a la Caja
La Contraloría se pronunció tras una denuncia presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), contra el acuerdo suscrito entre jerarcas de la Caja y sindicatos de este sector, el pasado 12 de agosto.
Ya se había firmado un pacto en febrero anterior, que sirvió como base. Pero ahora la Contraloría frenó las intenciones de la Caja de suavizar la aplicación de la reforma fiscal en sus empleados y del todo evitar que se cambiara la forma en que la entidad paga las remuneraciones. Además no pueden acudir a los juzgados para que no rija la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
- Según la CGR, estos acuerdos, “no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos”. Por lo anterior, la entidad “debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad”, como el que anunciaron las partes.
- La institución le dio un plazo de cino días a la Junta Directiva de la CCSS para estudiar lo dispuesto y acatar las órdenes estipuladas.
- De esta forma, la CCSS deberá aplicar la reforma fiscal a sus trabajadores, en materia de sobresueldos, pluses y complementos. En vez de ser porcentual, deberán de aplicarlos de forma nominal.
Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que de forma porcentual, el gasto aumenta exponencialmente, lo cual se frena al aplicarlo de manera nominal.
Por lo pronto, Macaya enfrenta dos denuncias ante el Ministerio Público por este acuerdo, uno presentado por el diputado Erick Rodríguez y otro por un grupo de empresarios, tanto por supuesto prevaricato como incumplimiento de deberes.
Además el exdiputado Otto Guevara interpuso una demanda penal contra Macaya, tres gerentes de la institución y representantes sindicales que firmaron el documento de febrero anterior.
“Había presentado esta demanda penal por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. Básicamente decidieron qué aplicar y qué no (de la Ley de Fortalecimiento)”, subrayó.
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