Paulo Villalobos
La Contraloría General de la República (CGR) autorizó una adquisición de alcohol en gel y dispensadores valorada en ¢101 millones para la Corte Suprema de Justicia.
Esos distribuidores serían instalados en oficinas, salas de juicio y otros espacios de al concurrencia, a fin de ofrecer la posibilidad de higienizar las manos para disminuir la posibilidad de contagio de la COVID-19.
De acuerdo con un oficio del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, los recursos provendrán del Fondo de Emergencias del Poder Judicial, al tiempo que se le instó a esta última publicar en su página web la actividad contractual realizada.
Será la directora ejecutiva Ana Eugenia Romero quien deberá hacer la verificación correspondiente de las compras.
Los magistrados acordaron el 20 de marzo anterior bajar hasta el mínimo los servicios presencial que ofrece la institución en aras de evitar el desplazamiento de funcionarios y la propagación de la enfermedad respiratoria, que afectó a 347 personas en 26 días.
Como resultado de esa medida, un grupo de empleados realiza teletrabajo, mientras que otros -los que prestan servicios esenciales- lo hacen de forma física; principalmente en las actividades jurisdiccionales que tutelan derechos:
- Fundamentales
- Policiales
- De apoyo
- Administrativos
Esto último con el fin de evitar una afectación a los usuarios.
Con ese fin, el Poder Judicial dotó a sus despachos de productos de limpieza, alcohol, solución alcohólica antiséptica, desinfectante, toallas desechables, guantes descartables, mascarillas y otros.
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Paulo Villalobos
