Tomás Gómez
El futuro de Welmer Ramos dentro del Partido Acción Ciudadana (PAC) seguirá en la incertidumbre, por lo menos hasta la próxima semana.
La Comisión Política de la agrupación tuvo una sesión el jueves por la noche. Pero la agenda tenía más temas, por lo que no se profundizó en el caso particular del exministro y actual diputado rojiamarillo.
El PAC alegó que su dirigencia ha estado ocupada en el análisis de las elecciones municipales y la Asamblea Nacional que realizarán el 31 de agosto.
“La Comisión quiere analizar el tema más ampliamente, probablemente se estaría viendo la próxima semana”, indicó la oficina de prensa.
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El Observador contactó a la presidenta del partido, Martha Solano, y al secretario general, Anthony Cascante, para conocer más detalles. Pero no contestaron las llamadas este viernes en la mañana.
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La promesa que no se cumple
Welmer Ramos se había comprometido con el PAC a dejar su curul, si recibía cuestionamientos por el caso de importación del cemento chino concretamente desde la Procuraduría, en referencia a si la entidad hallaba faltas a la probidad en su actuar.
El miércoles la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una denuncia penal contra Ramos, por un supuesto tráfico de influencias en favor del importador Juan Carlos Bolaños.
El diputado advirtió que no saldrá del cargo. Según él, aún no hay hechos probados en su contra.
Las solicitudes hechas por el presidente Carlos Alvarado y por el resto de la fracción oficialista no fueron de recibo y Ramos señaló incluso que valoraría actuar como legislador independiente.
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Denuncia pendiente
A los cuestionamientos contra Ramos, se sumó este jueves también un nuevo acto en la investigación por supuesto prevaricato, que el Ministerio Público realiza en su contra.
Según la Fiscalía, se trata de hechos ocurridos durante la gestión de Ramos como Ministro de Economía durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
En su momento como titular del MEIC, en el 2016, Ramos anuló una decisión de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), con la cual sancionó a Credomatic con ¢12 mil millones.
Por ese motivo las autoridades realizaron un secuestro de documentos en las instalaciones de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).
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