Tomás Gómez
Para el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el Gobierno no fue complaciente con los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Solo se negoció tiempo para que sea la judicialización la que resuelva el problema”, indicó Morales.
Según el jerarca, lo acordado tuvo el aval del presidente Carlos Alvarado y en sus palabras, lo que se negoció fue “tiempo”.
“Cualquier cosa que se le parezca a debilidad yo no la veo”, planteó el ministro para defender la actuación del Ejecutivo.
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Cesión a los sindicatos
Tras una semana de huelga, los sindicatos levantaron el lunes su huelga. Parte del pacto implica que sea un juez, quien resuelva si los cambios ordenados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con respecto a los pluses salariales de los trabajadores de la Caja, se deben aplicar
El movimiento acabó con promesas del Gobierno, entre las que destacan:
- No aplicar la regla fiscal en la CCSS
- Pago bisemanal a los empleados
- No sancionar a los huelguistas
Tales acciones fueron defendidas por el vocero de Casa Presidencial, quien argumentó que era la mejor opción por un tema de “humanidad”.
La negociación también incluyó pedirle al Poder Judicial que declare que las disposiciones de la Reforma Fiscal sobre anualidades, complementos, pluses y sobresueldos no se aplique a los empleados de la Caja.
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Al Ministro se le consultó sobre la estrategia de Casa Presidencial, en caso de que la resolución judicial sea contraria a lo negociado con los sindicatos, pero no respondió.
“Esperemos a ver que dirá la sentencia”, dijo.
La huelga en la CCSS dejó como resultado más de 1.399 operaciones canceladas y obligó a la institución a hacer uso de un fondo de emergencias por más de ¢560 millones.
El pacto generó críticas desde el sector privado y de exministros de Trabajo como Sandra Piszk, quien afirmó que se trata de un acuerdo en el que “el Gobierno cede absolutamente todo“.
La firma también provocó incomodidad en la Asamblea Legislativa, donde la Comisión de Asuntos Hacendarios, encargada de ver el presupuesto de la República y los préstamos internacionales pedidos por el Poder Ejecutivo, optó por no sesionar en señal de protesta.
Igualmente la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ya pidió a la Contraloría General de la República que investigue si el acuerdo roza con la legalidad en cuanto al uso de los recursos.
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