Tomás Gómez
Mientras los diputados apuran el debate sobre la pesca de arrastre, y por mayoría aplastante decidieron tramitarlo por la vía rápida, el Poder Ejecutivo marcó distancia con la iniciativa e insistió en que una decisión como esa debería sustentarse mediante los estudios técnicos respectivos.
El posicionamiento corrió por cuenta del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien aseguró que “el Poder Ejecutivo no ha participado ni en la redacción ni en la proposición” del plan de ley que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.
“Yo particularmente he señalado que eso es un tema que resolvió la Sala Constitucional y que de acuerdo con esa sentencia depende de estudios técnicos”, agregó Piza.
El ministro hacía referencia a una sentencia de la Sala Constitucional de agosto del 2013 en la que prohibió que se emitan nuevas licencias para este tipo de pesca hasta que no se aprobara una norma que garantizara disminuir el impacto ambiental de esta actividad.
El jerarca agregó que la participación del Gobierno dentro de la discusión se haría más adelante y desde la visión técnica que señalen el Instituto Costarricense sobre Pesca (Incopesca), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el de Agricultura y Ganadería (MAG).
Piza adelantó también que, pese a ser el designado presidencial para los planes de desarrollo para la zona del Pacífico Central, se mantendrá al margen de la discusión.
“Estaré concentrado con los temas que no tienen ver con esa controversia”, indicó a la prensa.
El proyecto de las discordias
Dos semanas atrás un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para volver a permitir la pesca de arrastre como una medida para la generación de empleo en las zonas costeras.
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Se trata del liberacionista Carlos Ricardo Benavides, el socialcristiano Oscar Cascante y el republicano Otto Roberto Vargas, a quienes se sumaron Melvin Nuñez y Mileidy Alvarado de Restauración Nacional.
El 1° de julio, 43 diputados aprobaron una moción para que el proyecto recibiera vía rápida. Únicamente votaron en contra Paola Vega de Acción Ciudadana y José María Villalta del Frente Amplio.
