Tomás Gómez
Tras la lluvia de cuestionamientos contra el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, apareció este lunes para expresar el mea culpa del Gobierno por la polémica medida.
Junto al presidente Carlos Alvarado y el viceministro de Planificación, Daniel Soto, Morales firmó el decreto que autohabilitó al Poder Ejecutivo para acceder la información confidencial de los ciudadanos y que debió ser derogado en menos de una semana por las críticas.
Según el jerarca el artículo que le dio tales poderes a Casa Presidencial fue un error.
OBSERVE MÁS Defensora pide intervención de la Fiscalía en Presidencia: «entré muy preocupada y me voy muy preocupada»
“La derogatoria lo que significa es que reconocemos que el artículo 7 (el más cuestionado) tiene una redacción que nos puede colocar en intenciones, por eso se deroga y por eso se suspenden las actividades”, dijo.
Según Morales nunca se actuó en secreto y en los próximos meses se iba a presentar la Unidad al público, incluso con ayuda de organismos internacionales.
Los responsables
Aunque fue esquivo con las preguntas, el Ministro de la Presidencia señaló finalmente a los funcionarios Diego Fernández y Luis Salazar como los responsables del decreto.
Fernández es estadístico y desde el inicio de la administración ha fungido como asesor presidencial en el tema de datos.
Salazar, por su parte, trabaja para la asesoría jurídica y es delegado presidencial para los temas de Diversidad Sexual.
Pese a las inconsistencias legales del documento y las consecuencias que sigue teniendo, ambos profesionales no tendrán sanción.
OBSERVE MÁS Presidente suspende trabajo de cuestionada oficina de datos
Sobre el equipo de la UPAD, al que también pertenecen Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, Morales argumentó que su trabajo siempre debió estar apegado a la legalidad y las normas de empleo público.
Al jerarca se le cuestionó también el manejo de datos en las computadoras personales de los empleados pero dijo que esa materia “no estaba en su resorte”.
Bajo la lupa
Este mismo lunes la Defensoría de los Habitantes arrancó una investigación técnica para conocer el manejo que Casa Presidencial ha hecho de los datos.
La defensora Catalina Crespo pidió también la intervención del Ministerio Público para que se realicen investigaciones más profundas.
Su solicitud se suma a la de diputados opositores y el grupo Movimiento Ciudadano quienes piden a la Fiscalía un allanamiento de Casa Presidencial para indagar qué tan íntimos son los datos con que trabajó la UPAD.
Por la tarde, la Asamblea Legislativa verá otras acciones que abarcan un llamado a comparecer al presidente Alvarado y al Ministro Morales, así como un voto de censura contra el Gobierno.
