Paulo Villalobos
El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, se sacudió los señalamientos que le hizo el jueves la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Ayer en comparecencia ante los diputados, Aguilar aseguró que hubo un incumplimiento de la reforma fiscal, por parte de Macaya, al firmar un acuerdo con los sindicatos que frenó la huelga de agosto. En el pacto, la Caja aceptó la pretensión de los sindicatos, por no aplicar ciertos elementos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sobre el pago de salarios de sus empleados.
“Estas afirmaciones lesionan mi honorabilidad”, respondió el funcionario.
“Me sorprende que haga una alusión personal directa a mi persona, cuando la Caja de Seguro Social es mucho más que una persona”, prosiguió el Presidente.
Macaya recordó que en la negociación del pacto con las organizaciones de trabajadores, participó una representación “del más alto nivel” del Poder Ejecutivo. De hecho Presidencia, a través del ministro Víctor Morales, estuvo en la mesa de negociaciones.
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“Es contrario a lo que este Congreso aprobó”, dijo Rocío Aguilar, en referencia a la reforma fiscal plasmada en la Ley. La Ministra compareció en la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
La noche del 12 de agosto, la Caja firmó el acuerdo con sus sindicatos, tras una semana de huelga. En la mesa estuvieron Macaya; Morales; el ahora exministro de Trabajo, Steven Núñez; y el asesor de presidencia, Randall Otárola. También participaron gerentes de la institución, así como los equipos legales.
La CCSS aceptó someter a un juicio de lesividad, la legalidad de los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre las remuneraciones de sus funcionarios.
La norma establece que, con su entrada en vigencia, el cálculo de los incentivos salariales se haría sobre un monto nominal y no sobre un porcentaje. El objetivo de dicha medida es desacelerar el crecimiento del gasto público.
El jerarca ha reiterado múltiples veces que la decisión fue colegiada y en apego a la ley. Sin embargo la propia Contraloría General de la República se trajo abajo el acuerdo, ya que violaba la ley.
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Piden su cabeza
Después de que trascendiera el acuerdo, diferentes sectores pidieron la salida de Román Macaya de la Caja de Seguro Social.
Ello incluye a diputados, cámaras empresariales y colectivos civiles.
La más reciente manifestación en ese sentido la hizo la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN, mayoritaria de la Asamblea Legislativa), Silvia Hernández. Ello se dio en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, ante la cual comparecía la jerarca Rocío Aguilar.
“Por encima de la negociación está el cumplimiento de la ley. Como se señaló en una comparecencia anterior, la Caja de Seguro Social pudo haber estado tomada por sindicatos, pero eso no pudo implicar que el presidente ejecutivo (Macaya) utilizara como moneda de cambio la aplicación o no de una ley”, aseveró la verdiblanca.
Las actuaciones del funcionario están bajo investigación en dos expedientes distintos en el Ministerio Público.
Ambas están relacionados al aparente delito de incumplimiento de deberes.
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Paulo Villalobos
