Paula Ruiz
El 14 de setiembre de 2018, los magistrados declararon con lugar un recurso de amparo presentado por Óscar Quesada Rodríguez para que la Asamblea Legislativa transmitiera las sesiones de Plenario mediante radio de forma pública y gratuita.
Sin embargo, aún esto no sucede, pues la administración del Congreso ha solicitado información adicional al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), quien fue el único oferente de la licitación incluida en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
En aquel momento, los magistrados ordenaron reinstalar las transmisiones radiales en un plazo de 9 meses.
De acuerdo con Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea, la administración ha pedido datos sobre la cobertura que puede ofrecer en el territorio nacional.
A Benavides se le cuestionó sobre si existe el riesgo de que, todo lo que se ha estado aprobando, corra el riesgo de ser anulado, sin embargo, defendió el principio de publicidad, a través de transmisiones en internet, canal 98 de Tigo, así como las actas de acceso público.
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“Ciertamente la Sala consideró que adicionalmente, debía de desarrollarse la comunicación vía radiofónica y la Asamblea ha cumplido con eso. Si se abre concurso y solo el Sinart participa y no tiene suficiente cobertura, está más allá de las posibilidades materiales de la administración para resolverlo”, indicó.
Benavides informó que el Directorio Legislativo ha estado al tanto, pues todo está en manos de la administración.
El jerarca legislativo espera que este año este tema quede resuelto.
En los últimos días, surgieron críticas hacia la Asamblea porque no hubo transmisiones vía internet, debido traslados de la red al nuevo edificio.
Sinart corrió por subsanación
Lorna Chacón, presidenta ejecutiva del Sinart, reconoció que este jueves subsanaron lo relacionado con la cobertura.
Chacón explicó que al inicio del concurso, presentaron una medición realizada con equipos propios, donde el ingeniero a cargo certificó que la cobertura era de 82% en el territorio nacional.
No obstante, en la Asamblea les solicitaron una certificación de alcance o cobertura la cual se les dificultó obtener, pues ni la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) las emiten.
Pese a esto, presentaron una medición de la Sutel, donde se indica que la cobertura es de 62%, mientras el mínimo requerido por el Congreso es de 80%.
La directora ejecutiva cree que hubo dos factores que influyeron en que la Superintendencia arrojara esos datos, pues la medición se realizó de febrero a agosto de 2019 cuando aún no contaban con transmisores encendidos, tal cual sucedió con el de Santa Elena.
Además de eso, como la medición culminó el 20 de ese mes, en ese momento se encontraban trasladando torres, debido a situaciones climáticas.
Para el Sinart, es fundamental obtener esta licitación, debido a que, desde el 2013 son catalogados como una empresa pública del Estado, por lo cual, solo reciben un presupuesto ordinario equivalente al 30%.
“El 70% del presupuesto restante, lo generamos nosotros mismos ya sea con la agencia de publicidad o con este tipo de contrataciones, es importante porque el ingreso permite pagar planilla”, sostuvo.
La oferta
En 2017, la Asamblea Legislativa rechazó un incremento de precio establecido por el Sinart para continuar con las transmisiones a través de Radio Nacional.
En ese momento, la estatal ofertó pasar de ¢3,5 millones mensuales a ¢11 millones.
En el cartel actual, Sinart presupuestó el servicio por ¢9,4 millones por mes, es decir, ¢112,5 millones anuales.
De acuerdo con la Sala Constitucional, pese a que el período ya pasó, el 27 de marzo de 2019, Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea, informó la decisión tomada en el Directorio Legislativo el día 20 de marzo, precisamente, para iniciar con el trámite de contratación.
De igual forma, se constató que el recurrente no ha presentado documentos de incumplimiento por parte de la autoridad recurrida. En caso de suceder, los magistrados darían un plazo de 3 días para que la Asamblea informe al respecto.
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