Paulo Villalobos
La ministra Marcia González acumula dos denuncias en la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Al menos una de ellas está relacionada con el conflicto que involucra al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), por supuestos problemas con el sistema de vigilancia con tobilleras electrónicas.
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Las quejas interpuestas contra la jerarca las confirmó la oficina de prensa del órgano procurador ante consulta de El Observador.
González, en cambio, dijo en un mensaje de WhatsApp no tener conocimiento de ellas. Cuando se le preguntó daría declaraciones al respecto, reiteró que desconocía las causas.
William Villalobos, asesor legal de la firma IBUX, aliada a la institución regional en un contrato para la provisión de los dispositivos; validó que una de las denuncias les pertenece.
El abogado explicó, sin embargo, que por “razones de debido proceso y confidencialidad del contrato” no se referirán al respecto.
La Procuraduría de la Ética, por otro lado, se limitó a decir que las quejas referían a “hechos similares” y que se recibieron el 6 y 9 de setiembre de 2019.
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Actualmente, el órgano estudia la admisibilidad de ambas.
Su oficina de prensa señaló que no era procedente facilitar los nombres de los denunciantes, en apego a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y los numerales 10, 18 y 24 de su Reglamento.
Confrontación interinstitucional
El Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos mantienen una relación contractual para el suministro de tobilleras electrónicas desde 2017.
Sin embargo, la diferencias entre las partes han sido constantes.
En más de una ocasión la cartera le manifestó a su contratada quejas por el desabastecimiento de aparatos. Las más reciente de ellas se remonta al 11 de setiembre de 2019.
Para ese momento, la Empresa de Servicios Públicos atribuyó el faltante a un atraso de la compañía suiza Geosatis, ante un problema de producción de gran escala de las tobilleras.
Un día antes, el gerente general proveedor, Édgar Allan Benavides, remitió a la ministra del ramo, Marcia González, un oficio en el que expuso su “gravísima preocupación” por supuestas fallas en el monitoreo de 596 dispositivos, relacionados a cargas y conexión.
Ello representa el 40% de los 1.515 beneficiarios del sistema de vigilancia.
Dicho documento lo reveló el Diario Extra y, tan sólo horas después, el director general de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, desmintió que no se diera seguimiento a las personas con el brazalete, al señalar que los registros de la empresa no son más que interrupciones temporales.
Las inquietudes entre las partes se intercambiaron en misivas de carácter privado. La proveedora, por ejemplo, alertó por escrito en al menos 8 ocasiones a la jerarca en poco más de un año, mientras que el Ministerio presentó explicaciones y quejas (sobre desabastecimiento, problemas en el sistema y otros) en otras 60 cartas.
Desestimación relacionada
Uno de los reclamos de la Empresa de Servicios Públicos escaló a la Contraloría General de la República (CGR), ente que avaló la contratación.
Según informó la Unidad de Denuncias e Investigaciones de dicho órgano, el mismo ingresó el 9 de julio de 2019. La queja se dio por supuestas irregularidades en la ejecución del pacto,atribuidas a la ministra Marcia González.
No obstante, el 6 de agosto de 2019 se desestimó toda vez que “lo denunciado obedecía a defectos propios de la ejecución contractual entre las partes y relacionados con problemas de gestión de pagos y confidencialidad por parte del Ministerio de Justicia”.
Asimismo, el órgano contralor añadió: “En atención a esta temática y sus implicaciones normativas, se le recuerda que el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa (número 7494), establece que el deber de fiscalización y control descansa sobre la administración contratante sin que ello exima a la parte contratada a cumplir sus deberes”.
Paulo Villalobos
