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Procuraduría reclama ¢965 millones por daño social causado por caso de la trocha

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A siete años de que estallara uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país, durante la administración de Laura Chinchilla, y luego de tres años de haberse presentado la acusación del Ministerio Público; el próximo lunes 30 iniciará la audiencia preliminar en el caso conocido como el de la trocha fronteriza.

El caso penal se sigue bajo el expediente 12-00053-621-PE. La Procuraduría General de la República es parte del proceso, como actora civil en su condición de damnificado directo y como abogado del Estado y representante de la sociedad.

La Procuraduría reclamará ¢965 millones como daño social. Según informó la entidad esta mañana, ese es el monto estimado por el daño que sufrió la sociedad costarricense a raíz de los actos de corrupción, calculados con un peritaje de actuario matemático.

“La acción civil resarcitoria fue interpuesta contra 51 demandados civiles (Además de los imputados se demandaron a personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con los hechos delictivos)”, recordó esta mañana el ente procurador

Según la acusación de la Fiscalía las facturas con irregularidades que fueron cobradas ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), suman un total de ¢1.234.435.437,11.

Sin embargo solo fueron cancelados ¢639.378.285,50 por el Conavi. “Es este monto el que se pretende sea resarcido por concepto de daño material”, detalló la Procuraduría.

Caso de años

El próximo lunes no inicia el juicio, sino la audiencia preliminar. Tras ese acto, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinará si ordena o no la apertura de un juicio. “Esta audiencia reunirá a todas las partes del proceso y es de carácter privada”, respondió la Fiscalía a El Observador.

La Fiscalía acusó y solicita que se realice un juicio contra un total de 26 personas.

El caso de la trocha trascendió en el 2012, siendo el mayor cuestionamiento contra Laura Chinchilla y varios miembros de su gobierno, como el vicepresidente Luis Liberman y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Francisco Jiménez.

La idea original era realizar una carretera en la Zona Norte, de más de 150 kilómetros. Chinchilla apuró el plan, tras decretar emergencia luego de que iniciara el conflicto fronterizo con Nicaragua.

Pero comenzaron a surgir los delitos cometidos alrededor de la trocha, conociéndose que empresas y funcionarios públicos participaron juntos para presentar cobros por labores que nunca se hicieron.

El exministro Jiménez presentó una denuncia, pero fue separado del cargo. Chinchilla siempre defendió que fue su gobierno quien denunció los actos, pero nunca pudo escapar a la sombra de la corrupción en el caso, que tocó a jerarcas de su administración.

En marzo del 2012, dos meses antes de que estallara el caso, Chinchilla viajó a la frontera a inaugurar una vía de tierra, llamada Juan Rafael Mora Porras.

Durante cinco años, el proceso penal avanzó poco, bajo la jerarquía de Jorge Chavarría en el Ministerio Público. Finalmente en enero del 2017 acusó a 26 personas, desde trabajadores del MOPT, hasta empresarios y sus familiares.

Se les señala por los delitos de peculado, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales, entre otros.

Por aparte, otras 47 personas continuaron bajo investigación, bajo el expediente 17-5-1218-PE. Pero una vez revisada la prueba, la Fiscalía determinó que era insuficiente para redactar una acusación. En setiembre del 2018 solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de las 47 personas.

Entre las personas sobreseídas, es decir que según la prueba recopilada no cometieron un delito en la trocha, están Laura Chinchilla, Liberman, Chavarría y otros exjerarcas.

Desde el Conavi se fraguaron los actos de corrupción, según el juzgado.


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