Paula Ruiz
El avance del proyecto de ley sobre comisiones de datáfonos quedó relegado esta semana en el Congreso, ello debido a la votación de mociones sobre otra iniciativa que pretende frenar abusos en la Ley de Contratación Administrativa.
Así lo confirmó Luis Ramón Carranza, diputado oficialista quien funge como secretario de la Comisión de Asuntos Económicos.
La sesión donde iban a dictaminar el proyecto de datáfonos, se centró en la votación de mociones para el de Ley de Contratación Administrativa.
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Carranza puntualizó que deberán terminar el proceso de votación de 28 mociones, pues durante esta semana solo alcanzó el tiempo para hacerlo con 18.
“Llegamos a la moción número 18 y ahí nos quedamos. Creo que están los votos, está el ambiente para ser dictaminado positivamente pero queda para la próxima sesión”, detalló.
Dudas entre diputados
Carranza informó que hay dudas por parte de algunos diputados, por lo tanto, se busca algún consenso para cuando inicie su trámite en Plenario; lo cual incluye mociones de fondo.
“Las dudas que han planteado, (son) como por ejemplo si debe regularse a todas las partes o a solo una que participa en cobro de tarifas, ya sea los emisores, pero son dudas que podrían plantearse”, señaló.
Lo que sí está claro es que desde la Comisión se va a respaldar el más reciente texto sustitutivo que había sido avalado.
Así las cosas, la iniciativa se dirige en la siguiente línea:
- Se busca incluir además de los datáfonos, otros medios de pago, como aplicaciones tecnológicas, siempre y cuando, haya un costo de intermediación.
- El Banco Central de Costa Rica (BCCR) fijará comisiones máximas de adquirencia, intercambio y otras comisiones o cargos que podrán cobrar los proveedores de servicios por el uso de los dispositivos de pago. Indica porcentajes de comisiones a través de estudios de mercado.
- El texto sustitutivo establece que esas comisiones máximas sean por un plazo de 12 meses.
- No habrá diferenciación entre tarjetas de crédito y débito para las comisiones máximas.
- Agrega que el BCCR pueda solicitar información a proveedores de servicios, afiliados y clientes para cumplir los objetivos de la ley que se pretende.
- Se establece la obligatoriedad para que las entidades financieras brinden la información necesaria al BCCR.
- Se establece un régimen sancionatorio, para quien incumpla con disposiciones como no entregar la información en plazo, no entregarla del todo, o emitir datos falsos.
- Busca una multa para el proveedor que incumpla con los topes máximos. El monto a pagar es el equivalente al cobro en exceso que haya realizado y nunca menor a 200 salarios base (poco más de ¢89 millones, pues el salario base ronda los ¢446 mil)
- También tendrá que publicar en dos diarios de circulación nacional, en página completa y durante tres días consecutivos, la sanción y motivos que sustentan su aplicación.
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