Proyectos de minería y exploración petrolera reviven en el Plenario

El país fue galardonado la semana anterior con el premio Campeones de la Tierra, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al mismo tiempo, se gestan proyectos de ley en la Asamblea Legislativa relacionados con minería y exploración petrolera. 

El primero de ellos es una iniciativa de los diputados María José Corrales y Jorge Fonseca, que pretende derogar la ley que declara a Costa Rica como un territorio libre de minería a cielo abierto. 

Se trata del proyecto de Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica. 

“Nuestra apuesta es clara. Es regular una actividad ilegal donde el Estado no ha asumido su responsabilidad, ofrecer desarrollo a las comunidades e impactar programas sociales”, aseguró Corrales.

Según la diputada, entre algunos otros aspectos el proyecto establece: 

• Permitir al Estado el otorgamiento de concesiones para que se puedan realizar minería artesanal, pequeña o mediana. 
• Establecer estrictos controles y requisitos ambientales para las personas o empresas interesadas en obtener una concesión.
• Dejar por fuera la posibilidad de que se otorguen concesiones en Parques nacionales, reservas de vida silvestre, reservas forestales reservas biológicas e indígenas.
• Prohibir el uso del contaminante mercurio en cualquier etapa de una concesión minera.
• Las empresas concesionarias deben pagar un impuesto del 20% sobre sus ventas brutas y el pago de un canon anual.

Fonseca aseguró que están promoviendo la regulación de la actividad minera, y no la minería a cielo abierto. 

Oposición al proyecto

Por su parte, el legislador frenteamplista, José María Villalta, calificó al proyecto como un “retroceso”; y aseguró que abriría la puerta para una actividad insostenible.

“Cuando se hagan los análisis técnicos y los estudios de ese proyecto, me parece que tendremos la posibilidad de demostrar que la minería de cielo abierto es una actividad inviable con el modelo de desarrollo ecológicamente sustentable, con el que Costa Rica se presenta al mundo”, aseguró Villalta.

El diputado dijo que el proyecto de ley no soluciona la insuficiente acción del Estado en lugares como Crucitas.

“Si el Estado no tiene ni siquiera la capacidad de fiscalizar una actividad ilegal, menos va a poder fiscalizar proyectos mineros grandes”, dijo. 

El proyecto se presentó el 11 de setiembre y establece que lo recaudado con el impuesto se destine a la atención de adultos mayores, redes de cuido, entre otras.

Exploración petrolera

El otro proyecto pretende que se someta a referéndum una iniciativa que busca impulsar la actividad petrolera en Costa Rica. Es decir, llevar a votación de la población si el país debe o no incursionar en la exploración petrolera. 

Según Carlos Roldán, ingeniero químico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y proponente del proyecto, la iniciativa plantea que Recope tenga a cargo la exploración de materiales como petróleo y gas natural en el país. 

El ingeniero aseguró que la explotación petrolera beneficiaría económicamente al país, al generar empleos, disminuir el precio de los combustibles y generar ganancias por la venta de petróleo.

A la iniciativa se oponen los ambientalistas, quienes alegan que mientras el mundo se dirige cada vez más a energías limpias, en Costa Rica se discute la explotación petrolera. 

Según Jorge Lobo, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), el país debe demostrar que merece los galardones ambientales que ha recibido y que apoyar la iniciativa sería contradictorio a los discursos utilizados por el Gobierno.

“Si Costa Rica aprueba la explotación petrolera estaría cayendo en una contradicción, es como renunciar a su imagen y eso tiene consecuencias importantes”, aseguró el biólogo. 

La iniciativa del referéndum también se enfrenta a un proyecto de ley en la corriente legislativa que pretende la eliminación del uso de combustibles fósiles en el país; y declara el territorio nacional libre de exploración y explotación tanto de petróleo como gas natural. 

Esta iniciativa contribuiría con el proceso de transformación de la matriz energética nacional y descarbonización de la economía, según quienes la promueven. 

Este proyecto ya fue discutido en la Comisión de Ambiente y está a la espera de ser discutido en el Plenario. 

El diputado frenteamplista aseguró que por el momento la votación está dividida y que la oposición proviene principalmente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Objetivos distantes

Para biólogos y ambientalistas, que Costa Rica discuta en la coyuntura actual si revivir la minería y la exploración petrolera es un retroceso en el tema de desarrollo sostenible. 

Hablar de producir hidrocarburos suena, para mucha gente, contradictorio, a la vez que se habla de transporte eléctrico, por ejemplo.  

Ante esto, Roldán aseguró que no se toma en cuenta que en las próximas décadas aún existirá una amplia flota de vehículos dependientes de los combustibles. 

Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, la flotilla de vehículos eléctricos en el país aumentó en un 500 % en el último año. Así lo dijo ante los representantes de la ONU esta semana.

No obstante, en términos absolutos entre enero y junio del 2019 el país ha importado un total de 200 carros 100% eléctricos; y en lo que respecta a motos, scooter y bicimotos eléctricas se importaron 907 unidades. 

Así lo asegura la Asociación de Movilidad Eléctrica (Asomove), desde donde se señaló que del 2010 al 2018 se importaron alrededor de 514 carros eléctricos; una flotilla que camina a paso lento.